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Foto: El Tiempo (archivo referencial)
Miércoles, Marzo 13, 2019 - 10:27

La Corte Constitucional admitió en estudio la demanda interpuesta por cuatro ciudadanos contra el artículo del Nuevo Código de Policía, que contempla las sanciones a quienes promuevan el uso del espacio público para la venta ambulante.

El caso, que está en caso del magistrado Alberto Rojas Ríos, ya inició con la solicitud a la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y al Ministerio de Justicia, de dar su posición frente al polémico artículo 140, concepto que también fue pedido a la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en Colombia, DeJusticia, la CTU, la UGTI, y la Comisión Colombiana de Juristas.

Desde este momento, dichas entidades tienen 10 días para que “indiquen las razones que, en su criterio, justifican la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas demandadas”, como explicó el Alto Tribunal, al dar apertura al caso.

Aducen los demandantes que el polémico artículo 140, que viene desatando una ola de multas por el particular, “criminaliza las ventas informales”. Además, presenta cifras del DANE sobre la informalidad en 23 ciudades y áreas metropolitanas del país, aduciendo que estas sanciones, enmarcadas dentro de un alto índice en este concepto, constituye “una clara violación a derechos fundamentales, como el trabajo, igualdad de trato ante la ley, libertad y libre desarrollo de la personalidad”.

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