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Viernes, Marzo 22, 2019 - 09:19

La Procuraduría mostró su oposición férrea a la posibilidad que el ex excongresista Álvaro Ashton, una de las cabezas del escándalo del ‘Cartel de la Toga’, obtenga los beneficios jurídicos proporcionados por la JEP a quienes se someten a su juicio.

Según el ministerio Público, hay pruebas suficientes para demostrar que Ashton pagó millonarias coimas a altos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, para frenar un proceso que cursaba en su contra en el Alto Tribunal por parapolítica.

Expone que esta conducta constituye una falta gravísima que no debería ser revisada por la JEP, que en su momento indicó que los delitos por parapolítica sí podrían ser juzgados por ellos, al tratarse, en su caso puntual, de un actor externo del conflicto armado.

Aferrando su posición, formuló pliego de cargos para se abra una investigación en su contra, de carácter disciplinario, por su accionar tras el pago de cerca de 600 millones de pesos para que se viera favorecido en el caso de parapolítica que se le seguía en la Corte Suprema.

“Entre el 5 de noviembre de 2013 y mayo de 2014, al parecer ofreció, a través de Francisco Ricaurte, y posteriormente, aparentemente, dio por intermedio de Luis Gustavo Moreno aproximadamente 600 millones de pesos con el fin de que se dilatara el trámite del proceso por ‘parapolítica’ y se emitiera decisión de archivo, actuaciones o decisiones que podían afectar su condición de senador”, adujo la Procuraduría.

Justamente, a Ashton se le sindica de tener relaciones con el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, buscando con ellos un respaldo político para obtener una curul en el senado en el año 2006, de ahí a que se le sindique por el delito de concierto para delinquir. 

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