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Lunes, Mayo 25, 2015 - 17:20

Después de los bombardeos del Ejército a una cuadrilla de las Farc en Guapi, que dejaron como resultado 26 subversivos dados de baja, el temor a una posible represalia por parte de la guerrilla ha hecho que en las últimas horas más de 300 personas, habitantes de la zona rural, se desplacen a la cabecera municipal en búsqueda de seguridad.  

De acuerdo  con entidades como la Defensoría del Pueblo y la Personería de Guapi, y expresiones de algunos líderes del sector, una de las preocupaciones consiste en que en la localidad no existen albergues para recibir a estas personas y ofrecerles condiciones mínimas mientras se les encuentra una solución.

Hace un par de días se anunciaba en los medios de comunicación, las gestiones de la Gobernación del Cauca para el retorno de 130 familias de este mismo  municipio, a quienes se les hizo el acompañamiento necesario y se verificó las condiciones de retorno.

El desplazamiento de estas personas  habla del momento crítico del proceso de Paz que busca, entre otros temas, terminar con uno de los fenómenos que le ha traído grandes repercusiones al país, y para lo cual existe un capítulo dedicado a la reparación de las víctimas.

Colombia tiene el nefasto récord de ser la Nación con más desplazados de la violencia, producto de un conflicto que tiene más de 50 años, con cinco millones y medio de víctimas; cifra que venía en descenso con el inicio del proceso de Paz en La Habana.

De igual manera, el país es la única nación que está trabajando por la población víctima del conflicto en medio de la guerra que se busca solucionar con los diálogos que se adelantan en Cuba, que por otro lado se establece bajo el fuego cruzado y que continúa generando víctimas como las de Guapi.   

Por tal motivo, como se expresó en su momento, no se trata solo de hacer que las personas retornen a  sus lugares de origen de donde fueron desplazadas, sino garantizarles que no serán revictimizadas por la presencia de grupos ilegales.

Por ser un tema  de Estado, le corresponderá a la alcaldesa de Guapi, Yolanda Sinisterra; al gobernador del Cauca, Temístocles Ortega y al presidente Juan Manuel Santos, buscar los mecanismos y las soluciones para que estas personas retornen, pero sobre todo, para terminar con este flagelo, garantizando la seguridad a través de la salida de los factores que desequilibran la región.

Administrativamente la zona presenta graves dificultades y ha soportado la indiferencia de los mandatarios locales, que solo se acuerdan de la región en épocas de elecciones como la que se vive actualmente, y que ha hecho que en los últimos días se despierte una especial atención por este sector.  

De igual manera, la Costa Pacífica caucana ha sido territorio de abandono estatal donde el narcotráfico, la minería ilegal y la delincuencia común y organizada hacen que las condiciones de las personas sean precarias, y de esta forma se conviertan en víctimas del conflicto que encierra todos estos factores.

Con relación al proceso de Paz, se espera que se avance lo suficiente para que temas como el cese al fuego bilateral sea contemplado por el Gobierno, que ha puesto sobre la mesa algunas  condiciones para contemplarlo; de lo contrario, los hechos de desplazamiento y los muertos continuarán por cuenta de una guerra que se hace por intereses diferentes al bienestar de la comunidad.

 

 

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