Editorial

Como habíamos advertido, las vías de hecho que acometen las comunidades indígenas del Cauca, bajo la bandera de la ‘Liberación de la Madre Tierra’ pueden generar graves problemas de violencia. Ya se presentó el primer muerto en las confrontaciones en Corinto, donde un adolescente indígena resultó muerto en medio de la toma de la hacienda Miraflores por parte grupos Nasas. Además, con acciones de tinte terrorista se tomaron el casco urbano de esta población, obligaron a cerrar el comercio y paralizaron la jornada educativa.

Los indígenas se habían comprometido con el Gobierno a sentarse a dialogar y evitar los actos violentos en sus reivindicaciones. Estas campañas invasivas no podían ser más inoportunas en medio del clima enrarecido del post acuerdo en el departamento. Sin duda se está echando más fuego a las brasas. En el contexto del Estado de Derecho, el Gobierno tiene que movilizar la fuerza pública para defender el derecho a la propiedad privada, porque es su obligación, con independencia de los argumentos espirituales que levantan estas comunidades en lo relacionado a la propiedad y el uso de la tierra.

Como si el ambiente no estuviera lo suficientemente tenso en el Norte del Cauca, ahora se empiezan a suscitar ciertas diferencias irreconciliables entre los afros y los indígenas en lo que tiene que ver con las explotaciones mineras. Los primeros buscan que se les aprueben los títulos para explotar los yacimientos auríferos, mientras los segundos quieren erradicar las explotaciones por motivos ambientales. Los mismos motivos con los que pretenden acabar con el monocultivo de caña de azúcar por considerarlo contaminante para la tierra. Eso precisamente querían hacer en la hacienda Miraflores, acabar con los cultivos de caña.

No se trata de defender las posiciones de los terratenientes que han mantenido el monopolio de la tierra en el norte del departamento durante décadas, ni en la actividad de las gigantes azucareras cuyo impacto en la economía y en el desarrollo de las regiones donde están asentadas, ha sido incipiente. Las comunidades, aparte de contribuir con una mano de obra, no han disfrutado de los superávits, ni de la estabilidad económica de estas empresas, cuyas utilidades acaban en unas pocas manos.  Se trata de generar unos cambios estructurales en el problema de la propiedad, para que las poblaciones también puedan ser partícipes de los beneficios económicos de estas empresas, pero siempre desde la base del estado de derecho, del respeto a la Constitución, de lo contrario estaríamos promoviendo un continuo descontento, que es el germen de los conflictos. Las invasiones y la destrucción no pueden ser las armas para buscar la equidad y la justicia.