Política

Aunque actualmente el gobernador del Cauca, Oscar Rodrigo Campo continúa ejerciendo sus labores, éstas podrán quedar truncadas de llegar a comprobar su vinculación con el desvío de dineros públicos para promover su campaña electoral cuando fue candidato.

Hay que recordar que hace más de ocho meses, el concubinato entre gobierno y política llegó a su punto  máximo, cuando se destapó el desvío de cientos de  millones de pesos, en uno de muchos contratos investigados que hizo Indeportes, durante la gerencia de la abogada y exgerente de esta entidad,  Ana Bolena García, mientras era gobernador Temístocles Ortega. Quién también ocupó este cargo cuando fue rectificada por el actual gobernador. 

Desde ese entonces, se acusó a García de ser una de las mayores financiadoras de la campaña de Temistocles Ortega y del actual gobernador del Cauca, Oscar Rodrigo Campo,  y principal accionista de Coomotoristas del Cauca y otras empresas.

Este hecho desnudó la estrecha vinculación entre el poder político y económico y que cuando se mal entiende su relación y se le da un mal manejo, vuelve todo una ‘mermelada’ de favores, cuando entre políticos, ministros, gobernadores, alcaldes, sus gabinetes y contratistas financian sus campañas para cobrar por derecha su ‘apoyo’ cuando ganan las elecciones.

Los hechos

 Después de que el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, radicó en junio del año pasado, un oficio ante la Corte Suprema de Justicia en el que solicitaba que se indagara una denuncia según la cual, en el 2015, hubo un millonario desvío de dineros públicos para favorecer la campaña del actual gobernador, quien ganó por más de 200.000 votos. 

Según el oficio de Enciso, los denunciantes señalan que los dineros del erario salieron de Indeportes Cauca y que los giros se habrían hecho por instrucción directa de la administración del entonces gobernador, Temístocles Ortega. Así, Enciso solicitó a la Corte Suprema de Justicia investigar al exgobernador del Cauca Temístocles Ortega por su presunto involucramiento con conductas que configurarían los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos, que también salpicarían al actual gobernador del departamento.

Se supo que el expediente de la investigación  que se encontraba en la regional Cauca, fue remitida a una fiscalía de Bogotá, pues, la Secretaría de Transparencia se enteró que ésta estaría siendo obstaculizada. Por lo tanto, habrá que seguir esperando los resultados de la investigación, una vez esto se resuelva se sabrá si condenarán o no  a Ortega y a Campo, quedando inhabilitados para ocupar otros cargos públicos.