Por estos días el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF es blanco de un gran escándalo al develarse un nuevo caso de corrupción en el que fueron robados-no se puede utilizar otra palabra-$8.399 millones de pesos.
Nos alegra saber que el delito fue descubierto gracias a una investigación de la revista Cambio que destapó la olla podrida de un contrato que se pagó, pero no se realizó y, en ese sentido vale acotar que todos nosotros como medios de comunicación, tenemos la obligación moral de denunciar a los corruptos.
Nos estamos refiriendo a un infame fraude que afectó a miles de niños y niñas en Nariño, quienes en 16 municipios de ese departamento iban a ser beneficiados con un programa de prevención del maltrato infantil, el cual consistía en visitas a los hogares durante un año, para establecer las condiciones de vida de los menores de edad.
Todo este entramado de irregularidades comenzó en el año 2021, cuando el ICBF entregó el contrato del manejo de su programa “Mi Familia del ICBF” a la Unión Temporal Mi Familia UT, conformada por la IPS Afrosalud Colombia y la Corporación Colombia en Paz y Social Corposocial, a pesar de la alerta lanzada por el Banco Nacional de Oferentes, en el sentido de que la mencionada unión carecía de piso financiero. Desde allí comenzó el robo, puesto que esa advertencia fue desestimada y por encima de todo, el contrato se adjudicó con lo nefastos resultados que se descubrieron ahora.
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Consideramos que de por sí, este es un hecho bastante sospechoso, máxime si se tiene en cuenta que la representante legal de la unión era Geraldine Estefania Vergara Tenorio, hija de un político y exconcejal de Tumaco, Haiden Otoniel Vergara Quiñónez, quien estuvo privado de la libertad por presuntos casos de corrupción relacionados con el Programa de Alimentación Escolar PAE en los departamentos de Nariño y el Huila. Ahora, por este nuevo hecho, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa le abrió investigación, puesto que la Justicia considera que fue protagonista principal del robo de los 8.399 millones de pesos.
La triste realidad es que el contrato no se cumplió, y lo que se hizo fue falsificar los registros de las visitas para dar la impresión que se estaba ejecutando, pero una sola llamada bastó para descubrir el fraude.
Ahora esperamos que la Ley actué en contra de quienes, de manera descarada, se apropiaron de los recursos de los niños y niñas y sean castigados como se merecen.
