El incremento en el valor predial ha sumido a más de cinco mil contribuyentes en una situación insostenible, dejándolos en la incertidumbre y la desesperación. La falta de respuesta por parte de la pasada administración a esta problemática ha generado un malestar generalizado entre los afectados, quienes se ven ahora forzados a emprender acciones particulares para buscar soluciones a sus problemas.
La negligencia de la administración anterior ha llevado a que los ciudadanos afectados deban incurrir en gastos adicionales para contratar profesionales, como topógrafos, con el fin de realizar estudios técnicos que respalden sus reclamaciones. Este desembolso, cercano a los 2 millones de pesos, representa una carga financiera adicional para quienes ya se encuentran agobiados por los aumentos injustificados en sus impuestos.
La nueva gobernanza enfrenta el desafío de dar respuestas inmediatas a esta problemática antes de que venza el plazo para el pago del predial, con descuentos que expiran a finales de este mes. Es imperativo que el gobierno actual tome cartas en el asunto de manera urgente, demostrando un compromiso real con el bienestar de la ciudadanía.
Es esencial que la gerencia en turno no solo atienda las demandas individuales, sino que también realice una revisión exhaustiva de los procesos de valoración predial que han llevado a esta situación. La opacidad y falta de claridad en los criterios de tasación deben ser abordados de manera transparente y responsable.
La ciudadanía espera que la nueva administración actúe con sensibilidad y empatía hacia los afectados, demostrando un genuino interés en resolver esta situación injusta. La falta de soluciones concretas solo profundiza la desconfianza en las instituciones gubernamentales y la percepción de que los ciudadanos son dejados a la deriva. Es tiempo de que la administración actual demuestre su capacidad de respuesta y su compromiso con la justicia fiscal.
