La Procuraduría General de la Nación ratificó la destitución e inhabilidad por 12 años impuesta a Sandra Milena Rodríguez Pretel, decisión que se convierte en definitiva tras ser confirmada en segunda instancia. Rodríguez Pretel, quien actualmente ocupa el cargo de jefe jurídica en la administración del gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar, se desempeñaba como secretaria de Gobierno departamental cuando ocurrieron los hechos.
Falta
El ente de control determinó que Rodríguez Pretel incurrió en participación indebida en política durante el proceso electoral correspondiente al periodo 2022-2026. Según la investigación, utilizó su posición institucional para intervenir en actividades proselitistas, lo cual representa una vulneración directa a la neutralidad política que deben mantener los funcionarios públicos.
Prueba
Uno de los elementos clave que sustentó la sanción fue una fotografía en la que aparece la funcionaria usando la camiseta oficial de la Gobernación y su carné institucional, junto a un ciudadano que exhibía una pancarta con nombres y números de candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado. Este acto fue considerado una clara muestra de apoyo electoral en ejercicio de su cargo, lo cual está prohibido por la ley disciplinaria colombiana.
Gravedad
La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento calificó la conducta como una falta gravísima cometida con dolo. En el fallo se resalta que Rodríguez Pretel actuó de manera consciente y deliberada, con el objetivo de beneficiar campañas políticas específicas. Esta intención transgredió los principios de legalidad, imparcialidad y responsabilidad que rigen el ejercicio de la función pública.
Consecuencia
Con la ratificación del fallo, la sanción queda en firme, sin posibilidad de apelación dentro de la vía disciplinaria. Esto implica que Sandra Milena Rodríguez Pretel no podrá ejercer cargos públicos durante los próximos 12 años, consolidando así una de las inhabilidades más severas impuestas recientemente por la Procuraduría en casos de participación política indebida.
Impacto La decisión genera un precedente importante en el control de la intervención política por parte de servidores públicos, reafirmando la obligación de mantener la institucionalidad al margen de los intereses electorales. También supone un golpe para la administración departamental actual, al quedar comprometida la continuidad de una de sus principales funcionarios.
