Comer en la calle se ha convertido en una práctica cotidiana para millones de personas. Por rapidez, por economía o por costumbre, muchos recurren a puestos ambulantes sin cuestionar las consecuencias. Sin embargo, esta normalización tiene un costo alto para la salud pública, que pocas veces se discute con la seriedad necesaria.
No se trata de estigmatizar al vendedor informal, que en muchos casos busca su sustento diario. El problema está en la falta de control sanitario, en la exposición constante a bacterias, en la manipulación inadecuada de alimentos y en la ausencia de condiciones mínimas de higiene.
Dolores estomacales, infecciones gastrointestinales, intoxicaciones alimentarias y parasitosis son consecuencias frecuentes del consumo habitual de comida callejera. Aun así, se minimizan como “malestares pasajeros”, cuando en realidad pueden convertirse en problemas crónicos, especialmente en niños y adultos mayores.
La cultura del “eso no pasa nada” ha hecho que se ignore el riesgo. Aceites reutilizados múltiples veces, alimentos expuestos al polvo, al humo y a insectos, falta de refrigeración y agua potable son parte del panorama cotidiano. Comer así no es solo poco saludable: es peligroso.
También existe una dimensión educativa. Muchas personas no tienen información suficiente sobre nutrición ni sobre seguridad alimentaria. Se prioriza el precio o la rapidez sobre la calidad. El resultado es una población que se alimenta mal y luego enfrenta consecuencias médicas que podrían prevenirse.
El Estado tiene responsabilidad en regular, educar y ofrecer alternativas. Pero también como ciudadanos debemos asumir un rol consciente. Elegir qué comemos es una decisión diaria que impacta directamente nuestra salud.
Comer en la calle no debería ser una regla, sino una excepción. El cuerpo pasa factura, tarde o temprano.
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✍️ Laura Cabanzo, periodista
El embarazo adolescente: una deuda social que Colombia no ha saldado
El embarazo adolescente sigue siendo una de las problemáticas más persistentes y silenciadas en Colombia. A pesar de campañas, discursos institucionales y estadísticas alarmantes, la realidad no cambia de forma estructural. Detrás de cada cifra hay una historia de desigualdad, falta de educación y oportunidades truncadas.
La maternidad temprana no es solo una decisión individual. En la mayoría de los casos está ligada a contextos de pobreza, desinformación, violencia sexual y ausencia de acompañamiento familiar y estatal. Culpar a las adolescentes es una salida fácil que ignora el problema de fondo.
Una niña no debería convertirse en madre antes de terminar de ser niña. El impacto del embarazo adolescente va más allá de la salud física: afecta la educación, el proyecto de vida, la independencia económica y la salud mental.
Muchas jóvenes abandonan el colegio, limitan sus oportunidades laborales y quedan atrapadas en ciclos de dependencia y vulnerabilidad. El país pierde talento, sueños y futuro.
La educación sexual integral sigue siendo un tema incómodo para algunos sectores, pero es una herramienta fundamental. Informar no promueve conductas irresponsables; previene tragedias. El silencio, en cambio, perpetúa el problema.
El embarazo adolescente no se combate con moralismo, sino con educación, acceso a servicios de salud, acompañamiento psicológico y políticas públicas sostenidas.
Mientras sigamos tratando este tema como un tabú, seguiremos condenando generaciones enteras a repetir la misma historia.
