La decisión de destinar 260 millones de pesos del erario para financiar un paseo turístico a San Andrés para 104 funcionarios municipales provocó una ola de indignación en Puerto Tejada, donde la ciudadanía califica el gasto como un acto de desconexión total con la realidad social del municipio.
El contrato, firmado el 30 de mayo de 2025, cubre vuelos, traslados, alojamiento por cuatro noches, alimentación completa, recorridos recreativos y seguros médicos. Todo ello en un territorio golpeado por el desempleo, la inseguridad, el deterioro vial, deficiencias en servicios públicos y una histórica deuda social con sus comunidades más vulnerables.
La autorización del gasto recae directamente sobre la alcaldesa Luz Adiela Salazar Gómez, quien avaló la operación y delegó su ejecución en el alcalde encargado Diego Lasprilla Ramos. Para amplios sectores ciudadanos, esta decisión no solo es cuestionable, sino políticamente irresponsable y éticamente reprochable.
Lejos de interpretarse como bienestar institucional, el viaje ha sido leído como un privilegio injustificado para la planta administrativa. Mientras cientos de familias sobreviven con ingresos precarios y barrios enteros claman inversión, la administración optó por convertir los recursos públicos en paquetes turísticos.
La molestia no es menor. Líderes sociales, veedurías y habitantes coinciden en que la alcaldesa prefirió el confort de sus funcionarios antes que atender prioridades urgentes.
Las preguntas se acumulan sin respuesta oficial convincente. ¿Qué beneficio tangible deja este viaje al municipio? ¿Cómo se mide su impacto administrativo? ¿Por qué no se invirtió ese monto en programas sociales, empleo local o infraestructura básica? ¿A quién se le ocurrió que esta era una prioridad?
Más allá de la legalidad del contrato, el fondo del debate es político y moral. Gobernar implica tomar decisiones coherentes con la realidad que vive la gente. En Puerto Tejada, esa coherencia hoy está seriamente en entredicho.
La ciudadanía exige explicaciones públicas, rendición de cuentas y, sobre todo, respeto por los recursos colectivos. Porque cuando el presupuesto se convierte en turismo para unos pocos, la confianza institucional termina pagando el precio más alto.
