Mientras la Administración Municipal de Cajibío difunde con entusiasmo la entrega de kits escolares a cabildos indígenas, en las veredas crece una inconformidad que ya no se puede maquillar con comunicados llenos de emojis y discursos inclusivos. La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿por qué el apoyo institucional siempre mira hacia el mismo lado y deja al campesinado en el olvido?
La reciente jornada, realizada por la Secretaría de Gobierno en articulación con otras organizaciones públicas, benefició exclusivamente a autoridades indígenas de los cabildos La Claudia, del pueblo Nasa, y Kurak Chak, del pueblo Misak. Nadie discute la importancia de fortalecer procesos educativos en comunidades indígenas ni el respeto a sus derechos. El problema no es a quién se ayuda, sino a quiénes se excluye sistemáticamente.
En Cajibío también existen niños y niñas campesinas, víctimas del conflicto armado, de la pobreza estructural y de una violencia que no ha cesado. Sin embargo, para ellos no hay fotos oficiales, ni actos protocolarios, ni mensajes de “trabajo articulado”. Hay silencio.
Martha Quintana, campesina del municipio, lo resume sin rodeos: “Los campesinos también lo necesitan. Todos somos víctimas porque la violencia sigue, no ha parado. Tengan en cuenta todas las veredas, porque nuestros niños también lo necesitan”. Su voz representa a cientos de familias que sobreviven entre el abandono estatal y la indiferencia local.
Otra ciudadana fue aún más directa en redes sociales: “¿Y el apoyo escolar para nuestros niños campesinos, para cuándo? ¿O es que Cajibío solo cuenta con personas indígenas?”. La molestia no es contra las comunidades indígenas, sino contra una institucionalidad que parece operar con una visión fragmentada del territorio.
La narrativa oficial habla de bienestar, permanencia escolar y desarrollo integral, pero esas palabras pierden sentido cuando se aplican de forma selectiva. El enfoque diferencial no puede convertirse en una excusa para excluir a otros sectores igualmente vulnerables.
Cajibío no es un municipio de una sola identidad. Es indígena, sí, pero también campesino. La educación no debería depender del apellido cultural ni del tipo de organización que represente una comunidad. Cuando la ayuda escoge a quién ver y a quién ignorar, deja de ser política social y se convierte en favoritismo institucional.
