El Gobierno de Ecuador anunció que desde el 1 de marzo de 2026 elevará del 30 % al 50 % los aranceles a los productos importados desde Colombia. Según Quito, la medida corresponde a una “tasa de seguridad” ante la falta de resultados en la cooperación bilateral en materia de control fronterizo y lucha contra el narcotráfico. La decisión provocó un inmediato rechazo en sectores empresariales, que consideran que el incremento afectará gravemente la relación comercial entre ambos países.
En respuesta, el Gobierno colombiano analiza aplicar un aumento similar a varios productos ecuatorianos que ya tenían un recargo del 30 %, lo que podría profundizar la escalada. Empresarios y gremios advierten que los nuevos aranceles encarecerán bienes para consumidores y comerciantes, reducirán el comercio formal —especialmente en sectores como cosméticos, alimentos procesados, farmacéuticos y manufacturas— y pondrán en riesgo empleos y cadenas productivas, sobre todo en las zonas fronterizas.
También alertan sobre mayores dificultades logísticas en pasos clave como Rumichaca y un posible deterioro del clima de inversión. Por ello, solicitaron retomar el diálogo diplomático y acudir a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para buscar una salida negociada que evite un impacto mayor en la integración económica regional y proteja a consumidores y empresas de ambos países.
