El Gobierno nacional desplegó más de 246.000 miembros de la fuerza pública para garantizar la seguridad durante las elecciones legislativas.
El operativo incluye Ejército, Policía y organismos de inteligencia que vigilan zonas urbanas y rurales donde históricamente han operado grupos armados ilegales.
El objetivo es asegurar que los ciudadanos puedan votar con tranquilidad y que el proceso electoral se desarrolle sin interferencias.
