En el marco de la apuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro por cerrar brechas históricas en el acceso a la educación, el Ministerio de Educación Nacional, a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), entregó nuevas obras que transforman las condiciones de aprendizaje en los municipios de Túquerres e Iles, en el departamento de Nariño.
Con una inversión superior a los $8.000 millones, liderada en su gran mayoría por el Gobierno nacional, estas intervenciones hacen parte del compromiso de garantizar espacios educativos dignos, incluyentes y de calidad para niñas, niños y jóvenes del país.
En el municipio de Túquerres, el Gobierno del Cambio marcó un hito al intervenir por primera vez en más de ocho décadas la infraestructura del Instituto Teresiano. Con una inversión de $4.476 millones, de los cuales el Ministerio de Educación aportó el 98,94 %, se construyeron nuevos espacios que incluyen aulas para básica y media, comedor escolar, laboratorio integrado, cocina, áreas administrativas y baterías sanitarias, en beneficio de 808 estudiantes.
Esta obra representa un avance histórico para la institución, que desde su transición a carácter público en 1999 no había recibido una inversión de esta magnitud. Hoy, gracias al impulso del Gobierno nacional, la comunidad educativa deja atrás condiciones precarias y accede por primera vez a infraestructura adecuada para el desarrollo académico, incluyendo espacios para la enseñanza de ciencias.
«Desde 2015 iniciamos jornada única postulamos los predios de la sede domingo sabio y teresiano y después de 10 años estos sueños se hace realidad ha sido un proceso largo de mucha perseverancia y que por fin se logró que se culminara con bien. Al presidente que está luchando por la paz queremos decirle que desde esta tierra y desde este recinto nosotros queremos ser constructores de paz», dijo Fabiola Caicedo López, rectora Instituto Teresiano.
Por su parte, en el municipio de Iles, el Ministerio de Educación Nacional continúa consolidando su presencia en los territorios con la entrega de la nueva infraestructura de la Institución Educativa Francisco de Asís. Con una inversión de $3.616 millones, el proyecto permitió la construcción de aulas, biblioteca, espacios tecnológicos, comedor y baterías sanitarias, beneficiando a 210 estudiantes.
Estas obras reflejan la prioridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro de fortalecer la educación pública como eje de equidad y transformación social, especialmente en regiones históricamente rezagadas.
Con infraestructura moderna, accesible y pensada para el aprendizaje integral, el Ministerio de Educación Nacional reafirma su compromiso de seguir llevando inversión, oportunidades y dignidad a cada rincón del país.
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Informe del Procurador General sobre la situación del sistema carcelario ante la Corte Suprema de Justicia
“El Estado central (la Nación) debe asumir la responsabilidad de administrar todos los centros carcelarios garantizando los recursos presupuestales para su adecuado funcionamiento”.
“Se está valorando la procedencia de ejercer el control disciplinario sobre los contratistas que prestan el servicio de alimentación a las personas privadas de la libertad”.
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un informe detallado sobre la crítica situación del sistema penitenciario y carcelario en Colombia, en el marco del seguimiento al estado de cosas inconstitucional, en especial el hacinamiento en entidades penitenciarias.
En el documento, el jefe del Ministerio Público expuso con rigor técnico y jurídico las persistentes falencias estructurales que afectan los derechos fundamentales de la población privada de la libertad y advirtió que, pese a los esfuerzos institucionales y algunas medidas adoptadas en los últimos años, el sistema carcelario continúa enfrentando graves problemas de hacinamiento, deficiencias en la prestación de servicios de salud, insuficiencia en programas de resocialización y limitaciones en la infraestructura física. Esas condiciones, según el informe, constituyen una vulneración sistemática de derechos como la dignidad humana, la salud y el debido proceso.
El Procurador General indicó que “el Estado central (la Nación) debe asumir la responsabilidad de administrar todos los centros carcelarios garantizando los recursos presupuestales para su adecuado funcionamiento”, y también habló de la necesidad de “buscar alternativas no punitivas para sancionar algunos delitos en el marco de la justicia restaurativa”.
De la misma manera, recomendó revisar las competencias de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- en el manejo de los recursos presupuestales de las cárceles.
Eljach Pacheco anunció también que “se está valorando la procedencia de ejercer el control disciplinario sobre los contratistas que prestan el servicio de alimentación a las personas privadas de la libertad”.
El Procurador General hizo estas observaciones durante una audiencia convocada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para examinar el tema del hacinamiento en los centros carcelarios, pues en alguno de ellos la población supera en un 500 % la capacidad de los establecimientos.
