Un operativo conjunto de la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional dejó como resultado la captura de 85 personas en diferentes sectores de Cali, quienes son señaladas de estar presuntamente relacionadas con estructuras delincuenciales dedicadas a actividades como homicidio, hurto y tráfico local de estupefacientes.
De acuerdo con la Fiscalía, las autoridades adelantaron 103 diligencias de registro y allanamiento como parte de una investigación que permitió identificar las zonas de influencia y los principales fenómenos delictivos asociados a siete grupos conocidos como La Torre, La Luna, Los Pascuas, Los del Hueco, Las Palmas, La 30 y Los Buitres.
Del total de capturas, 73 se realizaron mediante órdenes judiciales y 12 en situación de flagrancia. Durante los procedimientos también fueron incautados elementos que, según las autoridades, estarían relacionados con las actividades investigadas.
Entre los elementos decomisados se encuentran dos revólveres, 118 cartuchos de diferentes calibres, una granada de fragmentación, una pistola calibre 9 milímetros, una pistola artesanal y cuatro proveedores para fusil. Además, las autoridades encontraron 25 teléfonos celulares, más de $14 millones en efectivo y cerca de 6,5 kilogramos de estupefacientes.
La investigación fue desarrollada a partir de análisis criminales realizados por el CTI en coordinación con la Sijín. Según la Fiscalía, este trabajo permitió establecer los posibles vínculos de los capturados con hechos relacionados con homicidios, hurtos y comercialización de drogas en distintos sectores de la capital del Valle del Cauca.
Tras las capturas, fiscales de la Seccional Cali tienen previsto presentar a los detenidos ante jueces de control de garantías para adelantar las respectivas audiencias. La Fiscalía anunció que se solicitará la imputación por delitos como concierto para delinquir, hurto, homicidio y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, de acuerdo con la responsabilidad individual que determine cada investigación.
Las personas capturadas tendrán que responder ante la justicia dentro del proceso judicial correspondiente y será en las actuaciones ante los jueces donde se determine su situación jurídica.
