El presidente Abelardo de la Espriella respondió a la carta enviada por Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la Corte Penal Internacional (CPI), en la que el magistrado expresó su preocupación por las decisiones presupuestales que afectarían al tribunal durante 2027.
Ramelli había advertido ante la CPI sobre una posible afectación a la independencia y al funcionamiento de la JEP, en medio de iniciativas que contemplan una reducción de los recursos destinados a la jurisdicción. El pronunciamiento generó una respuesta del mandatario, quien rechazó que las decisiones presupuestales puedan interpretarse como una retaliación contra el tribunal.
De la Espriella sostuvo que la asignación de recursos públicos debe responder a la disponibilidad presupuestal, las necesidades generales del Estado y las prioridades definidas para el país. Según las cifras divulgadas por la Presidencia, la JEP ha recibido más de $3 billones desde su creación en 2018.
Para 2025, la jurisdicción contó con $777.069 millones, mientras que en 2026 opera con cerca de $744.659 millones. Para 2027, la JEP solicitó $947.642 millones, pero el proyecto de presupuesto contempla una asignación de $821.803 millones.
El presidente calificó la diferencia entre lo solicitado y lo proyectado como parte de las decisiones propias de la administración de los recursos públicos y aseguró que el Gobierno tiene la responsabilidad de definir las prioridades del gasto.
Además, cuestionó los resultados de la JEP y señaló que durante años ha existido un debate sobre el número y el alcance de sus decisiones judiciales. En contraste, planteó que la justicia ordinaria enfrenta problemas de congestión, infraestructura y recursos, por lo que consideró necesario fortalecerla.
La controversia se produce mientras en el Congreso avanzan discusiones relacionadas con el presupuesto de la JEP y con el futuro de algunas de las instituciones creadas tras el Acuerdo de Paz. Por su parte, la JEP ha sostenido que las medidas presupuestales y otras iniciativas legislativas podrían comprometer su capacidad para cumplir las funciones para las que fue creada.
El cruce entre el Gobierno y la JEP deja abierto un nuevo debate sobre el financiamiento de la justicia transicional, el cumplimiento de sus funciones y la distribución de los recursos públicos destinados al sistema judicial colombiano.
