Expulsan a cuatro caciques del conservatismo caucano

El Comité de Ética de esta plataforma política consideró que los acusados tenían mérito para recibir la sanción, lo que los inhabilita para tomar parte en las próximas elecciones regionales de 2023, si así lo quisieran. FOTO / Vicepresidencia de Colombia

Cuatro caciques políticos del Cauca fueron oficialmente expulsados del partido Conservador luego de aplicarse el Estatuto interno que penaliza actuaciones de doble militancia, tal como fue denunciado por el exsenador José Darío Salazar.

Los penalizados

Las figuras del conservatismo caucano que fueron objeto de expulsión fueron el exalcalde de Popayán José Gabriel Silva Riviere, la excongresista Esmeralda Sarria, Jairo Francisco Navia, exsecretario de infraestructura de Popayán y el exdiputado Edgar Marino Murillo Tossé, todos hallados culpables por el comité de Ética luego de una investigación disciplinaria desarrollada en su contra.

El Comité indicó que los acusados de violar el artículo 107 del código ético de la plataforma ideológica no comparecieron a sus descargos, lo que habría reforzado los argumentos en su contra, validando así la determinación tomada por las directivas nacionales, de echarles fuera del partido, lo que automáticamente los deja inhabilitados para tomar parte en cualquier ejercicio de cara a las elecciones que se avecinan.

Las pruebas que logró reunir el Consejo de control ético del partido, determinaron que en la pasada campaña parlamentaria de 2022, se pudo ver apoyo abierto a la campaña de Cambio Radical, en especial frente a las candidaturas del ahora exsenador Temístocles Ortega y del exgobernador Óscar Campo, que obtuvo una curul en la Cámara de Representantes.

Las violaciones halladas por este órgano de control interno del partido Conservador colombiano determinaron que eran contrarias a lo dispuesto en normas como la ley 1475 de 2011.

La plataforma comunicó que en todo momento se respetó el debido proceso para con los acusados de doble militancia. Instancia que incluso nombró un abogado de oficio para garantizar sus derechos. Pero subrayando que los investigados no respondieron a las citaciones que se hicieron en forma reiterada.