Un informe periodístico recuerda una operación de 1989, en la que Estados Unidos reveló que el Banco de Occidente, en ese momento del conglomerado de la familia Sarmiento, lavó más de $412 millones de dólares del Cartel de Medellín. Exagente que participó de la investigación asegura que era imposible que los altos jefes del banco no supieran de esos millonarios movimientos de dinero.
Hace 34 años, las oficinas del Banco de Occidente de Panamá, y su sede principal en Colombia, fueron protagonistas de una operación que desenmascaró lo que en su momento fue una de las redes más importantes de lavado de dinero producto del narcotráfico. Los autores fueron agencias especiales de Estados Unidos, que anunciaron sus hallazgos en una rueda de prensa con bombos y platillos, pues habían dado con una buena parte de la fortuna que había ocultado su enemigo número uno en la lucha contra las drogas: Pablo Escobar Gaviria.
La entidad bancaria, que en su momento hacía parte del conglomerado de la familia Sarmiento Angulo, terminó asumiendo su responsabilidad pues, como lo documentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, varios de sus funcionarios ocultaron información y facilitaron el lavado que benefició al capo del Cartel de Medellín y otros de sus secuaces. Ahora, 24 años después de que se hiciera pública la operación, bautizada con el nombre de Polar Cap, el periodista Gerardo Reyes recordó sus detalles y dio otros nuevos de esta historia de narcos y dinero sucio.
En el informe periodístico, publicado por Univisión, Reyes relata que el 30 de marzo de 1989 el fiscal general Dick Thornbugh, el director del FBI William S. Session y el jefe de la DEA, John Lawn, revelaron los detalles de la operación. Según esa revelación, las oficinas del banco, con sede en Panamá y Colombia, se prestaron para lavar al rededor de US$412 millones de dólares del narcotráfico y dieron los nombres de los dueños de la fortuna: Pablo Escobar, su primo, Gustavo Gaviria, Jorge Luis Ochoa Vásquez, entre otros.
“Es fácilmente la operación más grande para ocultar los orígenes del dinero de la droga jamás descubierta por agente federales”, explicaron las autoridades en la rueda de prensa que se realizó en Washington. Era época del más terrible recrudecimiento de la guerra contra el narcotráfico en el país. Un día antes de este anuncio desde Estados Unidos, había sido asesinado Héctor Giraldo, el periodista y abogado que asumió el caso de la investigación por el asesinato del director de este diario, Guillermo Cano Isaza, ocurrido en diciembre de 1986.
Para ese momento, la mafia ya había logrado otros golpes. Por ejemplo, el 3 de marzo había asesinado al líder de la Unión Patriótica, José Antequera, en un atentado en el que también salió gravemente herido Ernesto Samper. Y un mes antes, el 18 de enero de 1989, grupos paramilitares, en alianza con narcotraficantes y miembros del Ejército, perpetraron la masacre de La Rochela (Santander), en la que fueron asesinados 12 y de los 15 miembros de una misión de funcionarios judiciales que estaban en camino a investigar otra masacre, ordenada por el Cartel de Medellín.
En medio de ese contexto, la operación Polar Cap fue una victoria para las autoridades, que veían, sin mucha acción, lo que sucedía en Colombia. La investigación arrojó que el Banco de Occidente había auxiliado a los capos para que lavaran buena parte de su fortuna. El informe de Gerardo Reyes recuerda que la entidad bancaria aceptó su responsabilidad por lo que tuvo que entregar, a título de confiscación, US$5 millones de dólares, la sanción, dice el artículo, más alta que había impuesto ese país hasta ese momento por temas relacionados con el lavado de activos.
