Un oscuro episodio de la historia reciente del país vuelve al centro del debate público, esta vez con decisiones judiciales concretas. La noche del lunes 6 de mayo, a las 8:00 p.m., la Fiscalía General de la Nación anunció la emisión de una resolución de acusación en contra de 14 exintegrantes de la Policía Nacional, señalados de haber participado en la desaparición forzada de 14 personas, en hechos ocurridos entre marzo y septiembre de 1982. El caso, conocido como ‘Colectivo 82’, involucra operativos ejecutados en Bogotá y Gachalá (Cundinamarca), y es considerado una de las más graves violaciones a los derechos humanos atribuidas a miembros de la fuerza pública en ese periodo.
Según la investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, los uniformados habrían actuado en coordinación con el entonces grupo autodenominado MAS (Muerte a Secuestradores), con el supuesto fin de rescatar a tres menores de edad que se encontraban secuestrados. Sin embargo, la estrategia utilizada incluyó detenciones arbitrarias, la retención de un niño por varios días en una estación de policía, y la desaparición de siete estudiantes universitarios y otros ciudadanos. A más de cuatro décadas del crimen, la mayoría de las víctimas sigue desaparecida.
Una deuda pendiente
El fiscal del caso concluyó que existen pruebas contundentes que comprometen a los exoficiales en lo que se considera un crimen de lesa humanidad, cuya ejecución no ha cesado, dado que aún hoy no se conoce el paradero de las víctimas. Por ello, además de la resolución de acusación por el delito de desaparición forzada agravada, se ordenó medida de aseguramiento de detención preventiva contra los 14 exfuncionarios, quienes deberán responder desde sus lugares de residencia mientras avanza el proceso judicial.
Entre los acusados figuran altos mandos como el brigadier general en retiro Nacin Yanine Díaz y los oficiales en retiro Jorge Alipio Vanegas Torres, Ernesto Condia Garzón, Miguel Rodrigo Torrado Badillo, Jairo Otálora Durán y Luis Ángel Perdomo Perdomo. También aparecen suboficiales y agentes como José Alirio Velásquez Garzón, Jaime Helí Colmenares Botero, Josué Rafael Cobos Silva, Henry Espitia Díaz, Benedicto Lara, Adrián Villamizar Jaimes, José David Quesada y Jorge Eliécer Barbosa Sánchez.
Una investigación reactivada por la Corte Suprema
Este proceso había permanecido en la sombra durante años, hasta que la Corte Suprema de Justicia ordenó, el 22 de junio de 2011, reabrir el caso mediante una acción de revisión. Desde entonces, la Fiscalía reconstruyó los hechos a partir de nuevos testimonios y documentación, logrando establecer que los hoy acusados hacían parte de la entonces División de Investigación, Policía Judicial y Estadística Criminal (DIPEC), una estructura con amplios poderes operativos que, en lugar de garantizar justicia, se habría concertado con actores criminales para aplicar métodos ilegales bajo la excusa del combate al secuestro.
La detención preventiva se justifica, según el fiscal, no solo por la gravedad de los hechos, sino también para “evitar la continuación de la actividad delictiva”, dado que se trata de un delito de ejecución permanente. La decisión es considerada histórica por familiares de las víctimas, quienes por décadas han exigido verdad, justicia y garantías de no repetición.