Una grave preocupación se ha encendido entre las autoridades del departamento del Caquetá ante el aumento de casos de reclutamiento forzado infantil en zonas rurales del municipio de Solano. De acuerdo con denuncias de las comunidades locales, en lo que va del año 2025 al menos 15 menores de edad han sido víctimas de este flagelo, que sigue afectando a las poblaciones más vulnerables y apartadas del territorio.
Los habitantes rurales, especialmente en veredas más alejadas, han alertado sobre la presencia de grupos armados ilegales que continúan empleando métodos coercitivos para vincular a niños, niñas y adolescentes a sus filas, lo cual representa una grave violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Cifras
Arturo Perdomo Granja, secretario de gobierno departamental, confirmó que estas denuncias activaron de inmediato las alertas institucionales. El funcionario reveló que, según cifras oficiales, en el año 2024 se logró la recuperación de 20 menores que habían sido reclutados por grupos armados, mientras que en lo corrido del 2025 ya se han rescatado seis más por parte de la Fuerza Pública.
Estas cifras, aunque alarmantes por sí mismas, podrían ser solo una parte del fenómeno real. “Lamentablemente, sabemos que hay un subregistro importante. Muchas familias no se atreven a denunciar por temor a represalias”, explicó Perdomo, quien destacó que esta situación dificulta la atención oportuna y el diseño de estrategias efectivas para la prevención del reclutamiento.
Temor
El miedo sigue siendo una de las principales barreras para que las comunidades rurales puedan reportar estos casos. Padres de familia, líderes comunales y docentes temen represalias por parte de los grupos armados si denuncian la desaparición o el reclutamiento de menores. Este ambiente de silencio forzado perpetúa la impunidad y limita la acción del Estado en los territorios más alejados.
Perdomo insistió en la necesidad de fortalecer la presencia institucional en estas zonas, mejorar los canales de denuncia segura y brindar acompañamiento psicosocial y legal a las familias afectadas. También hizo un llamado al Gobierno Nacional y a organismos internacionales para reforzar las acciones de prevención y protección.
Acción
Frente a este panorama, las autoridades departamentales anunciaron el despliegue de una estrategia interinstitucional que incluye presencia militar, operativos de inteligencia y programas de intervención social en comunidades vulnerables.
Asimismo, se intensificarán las campañas de sensibilización en escuelas rurales y la articulación con organizaciones defensoras de derechos de la niñez, con el fin de frenar esta problemática y ofrecer oportunidades reales a los jóvenes de estas zonas, quienes muchas veces son reclutados por falta de alternativas.
