En lo que va del 2023, la cruda realidad de la violencia en Colombia se hace más evidente que nunca. Con más de 150 líderes y lideresas sociales asesinados, 39 firmantes de paz caídos, y 86 masacres registradas, las cifras son alarmantes y reflejan la persistencia del paramilitarismo, la responsabilidad del Estado y el continuo impacto del conflicto armado en nuestras comunidades.
El 25 de noviembre, la tragedia tocó a Luis Mendoza, un destacado líder y presidente de la Junta de Acción Comunal en Los Rosales, cercano al corregimiento El Crucero, en Sahagún, Córdoba. Según informes preliminares, Mendoza fue brutalmente asesinado en una vía rural en el municipio de Pueblo Nuevo, en el mismo departamento de Córdoba.
Te puede interesar: “Colombia no aceptará negociaciones en donde haya secuestros de por medio”
En la región, el Frente Javier Yepes del Bloque Roberto Vargas del Clan del Golfo, también conocidos como los paramilitares de las Autodefensas Gaitanitas, ejercen su poder, junto con otras bandas locales y miembros de la Séptima Brigada del Ejército Nacional. La Defensoría del Pueblo señala que este grupo paramilitar impone un control severo sobre la vida cotidiana de la población civil, creando una sociedad limitada en libertades y resistencia a las prácticas criminales.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) revela que, en lo que va del año, la cifra de líderes y lideresas sociales asesinados supera los 150. Desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, el número total de víctimas en esta categoría alcanza las desgarradoras 1564.
Asimismo, Indepaz informa que 39 firmantes de paz han perdido la vida en 2023, elevando a 403 el total de exguerrilleros y exguerrilleras asesinados desde la implementación de los acuerdos. El reciente asesinato de Argemiro Fajardo Perdomo, trabajador de un proyecto productivo de café en Buenos Aires, Cauca, evidencia la persistencia de las llamadas disidencias en la zona.
Es imperativo que las autoridades tomen medidas contundentes para abordar esta escalada de violencia y garantizar la seguridad de aquellos que trabajan incansablemente por el bienestar de nuestras comunidades y por la consolidación de la paz en Colombia.
