Después de permanecer un año recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, Ricardo Orozco Baeza, conocido en el mundo del crimen como alias ‘El Bendecido’, quedó en libertad por vencimiento de términos. Su caso ha generado nuevas críticas al sistema judicial colombiano por los retrasos prolongados en los procesos relacionados con estructuras de crimen organizado de alto nivel.
Orozco Baeza fue capturado como presunto socio de alias ‘Papá Pitufo’, un hombre señalado por las autoridades como uno de los mayores contrabandistas del país. Ambos habrían hecho parte de una compleja red dedicada al ingreso ilegal de mercancías, evasión de impuestos y lavado de activos, según los informes preliminares de la Fiscalía.
Demoras judiciales que favorecen a los acusados
Pese a la gravedad de los señalamientos, el juicio contra alias ‘El Bendecido’ nunca se inició dentro del plazo legal estipulado por la ley. Esta demora fue aprovechada por su equipo de defensa para solicitar la libertad inmediata, amparándose en el principio de vencimiento de términos. La solicitud fue aceptada por el juez del caso, lo que permitió su salida de prisión, aunque sigue vinculado formalmente al proceso penal en su contra.
La decisión ha generado un profundo malestar en sectores que ven cómo este tipo de vacíos procedimentales terminan favoreciendo a presuntos cabecillas de redes ilegales, debilitando el impacto de las capturas y los operativos de inteligencia adelantados por las autoridades.
Críticas al sistema judicial y preocupación ciudadana
La liberación de Orozco Baeza revive una preocupación constante: la debilidad institucional frente a la justicia para delitos complejos. Organizaciones civiles y algunos voceros del sector judicial han manifestado que esta no es una situación aislada, sino una muestra más de cómo el exceso de carga en los despachos, la falta de jueces especializados y los procesos burocráticos terminan jugando a favor de estructuras criminales que cuentan con defensa técnica de alto nivel.
Aunque alias ‘El Bendecido’ no ha sido absuelto y aún debe responder por los delitos que se le imputan, el hecho de que enfrente el proceso en libertad genera inquietud sobre la posibilidad de fuga, obstrucción de la justicia o incluso continuidad en actividades delictivas. Por ahora, deberá cumplir con las obligaciones impuestas por el juez, como la notificación periódica ante las autoridades y la prohibición de salir del país.