Cada semana en Colombia ocurren decenas de casos de sicariato, muchos de ellos en las principales ciudades, y a plena luz del día. El mercado de armas ilegales toma más fuerza ante una criminalidad disparada. Bogotá, Cali y Barranquilla hoy sufren con un panorama aterrador de asesinatos, robos y secuestros. En todo ese andamiaje criminal hay un factor sorpresivo.
SEMANA revela detalles del mercado de sicarios que amenaza la seguridad del país: cientos de millones de pesos circulan entre mafias para acabar con la vida de una persona o despojarla de los objetos valiosos.
Según datos de la Policía Nacional, 10.416 ciudadanos murieron en 2023 por cuenta de atentados con armas de fuego y 88.285 más denunciaron ser víctimas de los ladrones, quienes los intimidaron con pistolas para que cedieran sus pertenencias. Los hechos ocurrieron de día y de noche, entre multitudes y en privado.
Un informe de la Dirección de Investigación Criminal alerta que en las ciudades principales hay un negocio entre delincuentes para alquilar armamento por minutos. El precio depende de la complejidad de la misión, del tipo de elemento que se requiere para aniquilar a la víctima y de los riesgos que pueden correr los maleantes. Es un pacto de sangre. El valor básico por una unidad oscila entre 300.000 y 500.000 pesos. Detrás del arrendamiento hay una operación milimétrica para no ser descubiertos por las autoridades y, de quedar en evidencia, la jugada complica las tareas de los detectives para judicializarlos por los acontecimientos.
El general José Luis Ramírez, jefe del Servicio Nacional de la Policía, informó que este tipo de transacciones tienen cinco momentos: los implicados llegan al sector donde piensan ejecutar el plan, se comunican con un particular para que les lleve la pistola, él la entrega, se hace la misión y, tres cuadras más adelante, devuelven el objeto.
“Si en algún instante son requeridos por la autoridad, con base en las características que hayan dado los ciudadanos afectados, el policía lo que va a encontrar es a dos sujetos que no tenían arma de fuego y eso dificulta el proceso de investigación”, manifestó el alto mando de la institución en entrevista con SEMANA.
Lo contado hasta aquí solo está relacionado con el alquiler de pistolas, los “servicios” de homicidios y atracos masivos están en otro paquete que, por lo general, lo ofrecen las mismas bandas a precios superiores. Estas aterradoras negociaciones se están dando, en su mayoría, en las zonas urbanas.
La Fiscalía respondió que, conforme a sus indagaciones, en Colombia no hay un promedio unificado de las exigencias económicas que hacen los criminales para atentar contra una persona. Sin embargo, tiene la certeza de que hay una evaluación exhaustiva de riesgos y los disparos no se dan por menos de un millón de pesos.
Para calcular el precio, según el ente de acusación, los asesinos tienen presentes los siguientes aspectos: ¿quién es la víctima?, ¿cuáles son las condiciones del sector donde está el sujeto?, y ¿cuál es el factor por el que se ordenó su fallecimiento?, entre otros aspectos que definen la ruta logística del crimen.
El origen de las armas
El mercado ilegal de las armas de fuego en Colombia se nutre con el material de guerra que llega del extranjero. Las investigaciones de la Policía y el Ejército demuestran que, en el territorio nacional, de momento, no hay espacios donde se construyan pistolas desde cero, pero sí las modifican manualmente.
Estos elementos ingresan por las trochas fronterizas que se comparten con Ecuador, Venezuela y Panamá, regularmente, coordinados por el ELN y las disidencias de las Farc. Otros arriesgan sus vidas para trasladarlos vía marítima y los abandonan en las playas del Caribe y el Urabá antioqueño, el fortín del Clan del Golfo.
El armamento incautado en 2023 por la fuerza pública indica que los principales proveedores están en Estados Unidos, Italia, Turquía, Israel, Alemania y Brasil. Sin embargo, los detectives creen que hay un subregistro y datos desconocidos porque los sicarios están eliminando el serial, lo que permite la identificación y el rastreo.
Los costos logísticos del tráfico de fusiles, revólveres y pistolas se están asumiendo con las ganancias que deja el narcotráfico. Desde el mar salen lanchas con toneladas de drogas y, al otro lado del mundo, regresan contenedores repletos de elementos militares que sirven de combustible para el conflicto urbano y rural.
Las bandas locales usan con frecuencia el revólver porque tiene mayor precisión y no deja vainilla tras el disparo que, en medio de una investigación, puede ser un elemento material probatorio. Mientras que los grupos armados optan por el fusil por la capacidad de generar fuego y acabar con el enemigo. Hoy no se sabe cuál es el sector de Colombia donde hay más pistolas, pero hay una hipótesis que cobra relevancia entre las autoridades: “No tenemos definido un porcentaje para cada uno de los territorios, pero, obviamente, los grupos que sean más numerosos son los que más armas en su poder tienen”, dijo el general Ramírez.
