Tres días después de reunirse con líderes comunitarios de Crespo, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, cumplió su promesa: el Distrito impuso sello de suspensión a una obra vinculada a la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez. Ampliación del aeropuerto de Cartagena en la mira por impactos ambientales.
La intervención urbanística se adelantaba sin los permisos legales requeridos. La acción se efectuó sobre un cerramiento en el predio con referencia catastral No. 010205540006000, ubicado en plena zona residencial del barrio Crespo.
El operativo fue liderado por la Dirección de Control Urbano, la Secretaría del Interior, la Gerencia de Espacio Público y la Inspección de Policía. La administración aseguró que el concesionario OINAC no presentó los documentos que acrediten la legalidad de la obra ni autorizaciones de la Aeronáutica Civil.
“Este es un primer paso para poner orden y garantizar que ninguna intervención continúe afectando a la comunidad sin cumplir la normativa vigente”, afirmó Emilio Molina, director de Control Urbano.
OINAC no acreditó permisos exigidos por la ley; Ampliación del aeropuerto de Cartagena en la mira por impactos ambientales
El inspector de Policía otorgó un plazo de 60 días a OINAC para que sustente la legalidad del proyecto. En particular, debe demostrar que el predio hace parte del polígono aeroportuario y que cuenta con aval de la Aeronáutica Civil, como lo establece la normativa nacional.
OINAC argumentó que, según el Decreto 1077 de 2015, las obras en aeropuertos están exentas del régimen de licencias urbanísticas. Sin embargo, el Distrito fue enfático en que esa excepción no se aplica automáticamente.
“La supuesta exclusión del régimen de licencias debe ser sustentada con pruebas técnicas y jurídicas que no fueron allegadas”, indicó la Inspección en la resolución de suspensión.
Las autoridades confirmaron que las obras permanecerán suspendidas mientras no se demuestre su legalidad.
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Crespo exige respeto y concertación territorial
La comunidad del barrio Crespo ha expresado reiteradas quejas por los efectos negativos de las obras: ruido, alteración del espacio público, impacto ambiental y posibles riesgos estructurales.
En respuesta, la Alcaldía anunció un plan de seguimiento estricto, con presencia constante en el terreno y revisión minuciosa de permisos.
“No permitiremos que el desarrollo de infraestructura se haga a costa de los derechos ciudadanos”, aseguró un vocero de la Secretaría del Interior.
Además, la administración solicitó a la ANI, a la Aeronáutica Civil y a OINAC el expediente completo que declara los predios en cuestión como de utilidad pública, para evaluar posibles acciones legales que garanticen la autonomía territorial de Cartagena.