¿Otra vez embarrados?
Un nuevo escándalo de corrupción sacude a la política colombiana: la Fiscalía ha entregado una lista de 28 congresistas presuntamente implicados en irregularidades con el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Entre los mencionados destaca Wilmer Castellanos, actual representante a la Cámara y exalcalde de Sutamarchán.
Investigación en curso
La Fiscalía remitió a la Corte Suprema de Justicia una compulsa de copias que involucra a estos congresistas en posibles actos de corrupción relacionados con el INVIAS. Esta acción se basa en las declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien ha proporcionado información clave sobre el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Corte Suprema será la encargada de determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal contra los implicados.
¿Gestión o corrupción?
Wilmer Castellanos, del Partido Alianza Verde y exalcalde de Sutamarchán, ha sido señalado en esta investigación. En los últimos meses, Castellanos había promocionado su «gestión» ante el INVIAS, realizando solicitudes que ahora están bajo escrutinio:
- Tarifa diferencial en peajes para Arcabuco y Moniquirá.
- Mantenimiento de la vía Tunja-Boavita, en colaboración con la Gobernación de Boyacá.
- Ampliación de la caseta del peaje de Arcabuco.
- Intervención con 4.000 millones de pesos en la vía Tunja-Arcabuco-Moniquirá.
Estas iniciativas, que en su momento fueron presentadas como gestiones en favor de la comunidad, ahora levantan sospechas sobre su verdadera intención.
La corrupción en el INVIAS no es un fenómeno nuevo. La entidad ha sido señalada en múltiples ocasiones por desvío de recursos y favoritismos en la adjudicación de contratos. Mientras los ciudadanos enfrentan altos costos en peajes y transitan por vías en mal estado, algunos políticos parecen aprovecharse de los recursos públicos destinados a mejorar la infraestructura vial del país.
La respuesta del Ministerio de Transporte
Ante la magnitud del escándalo, el Ministerio de Transporte ha manifestado su disposición para colaborar con las investigaciones. La ministra María Fernanda Rojas Mantilla aseguró que se brindará todo el apoyo necesario para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, en caso de comprobarse las irregularidades.
La ciudadanía observa con indignación y escepticismo este nuevo capítulo de corrupción en el país. La esperanza de muchos es que, esta vez, las autoridades actúen con celeridad y transparencia, y que los implicados enfrenten las consecuencias de sus actos. Sin embargo, la recurrente aparición de estos escándalos plantea una pregunta inquietante: ¿cuántos más caerán antes de que algo cambie?
La lucha contra la corrupción sigue siendo uno de los mayores desafíos para Colombia. La sociedad exige respuestas y acciones concretas que permitan recuperar la confianza en las instituciones y garantizar que los recursos públicos sean utilizados en beneficio de todos los ciudadanos.
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