La cadena Justo & Bueno dio a conocer que con su admisión en el proceso de reorganización bajo la Ley 1116, despacho de inventario por parte de proveedores y contar con nuevos socios inversionistas, le dan fuerza a la reactivación de la compañía.
De esta manera espera continuar fortaleciendo la operación en 300 municipios con más de 1.000 tiendas; generando empleo a más de 20.000 personas de manera directa e indirecta; y aportándoles a los hogares colombianos y a las pequeñas y medianas empresas mediante la democratización del consumo con buenos productos a precios justos.
Michel Olmi, CEO de la empresa, aseveró que “es importante mencionar que el Grupo Reve, que ya no es propietario de la empresa, creyó en este proyecto y le aportó al país una inversión de más de $300 millones de dólares. Gracias a ese capital creó un ecosistema fuerte de proveedores, tiendas, centros de distribución y colaboradores. Este grupo tiene las puertas abiertas para seguir aportando y participando en la empresa”.
La decisión de la Superintendencia de Sociedades conocida la semana anterior es la respuesta que la compañía estaba esperando hace meses y despeja el camino para su reactivación. Sobre los pagos pendientes, Justo & Bueno lamenta mucho todo lo que esto ha podido afectar a los aliados que son tan importantes, por ejemplo a los arrendadores. Con el proceso de reorganización se establecerán acuerdos y plazos cobijados por la ley y se cumplirá con los cánones que se causen desde el inicio del proceso, como ordena la ley.
Olmi aseveró que “la confianza de nuestros proveedores ha sido esencial en este tiempo. Se suma a que contamos con nuevos socios, personas naturales en su mayoría, con la misma ideología de los fundadores que se pusieron la mano en el corazón para aportar a salvar los más de 20.000 empleos en el país y a seguir llevando calidad de vida a los hogares. Estos inversionistas le están inyectando recursos a Justo & Bueno para pagar los gastos operativos. De hecho, gracias a ese capital se pagó la nómina de diciembre que incluía la prima y a partir de la aprobación al proceso de reorganización, obtendremos recursos para pagar los gastos administrativos como lo exige la 1116”.
En noviembre de 2021 se conformó una estructura fiduciaria o patrimonio autónomo a través del cual se aisló el riesgo para los nuevos despachos de productos con el propósito de asegurar el pago de las obligaciones contraídas con los proveedores que nos están despachando. Con varios de estos proveedores y otros nuevos que están entrando, se están reactivando los despachos de productos para abastecer nuestras tiendas que ya van por encima de un tercio de los pedidos que se han generado.
Es importante precisar que este proceso de reorganización empresarial es nuevo y diferente del procedimiento que se intentó al amparo del Decreto 560 de 2020, procedimiento que ya fue terminado.
