El terror como negocio
El delito no conoce fronteras. En Duitama, Paipa, Sogamoso y Tunja, los comerciantes y ganaderos vivieron meses de angustia. Todo comenzaba con una llamada: una voz firme, sin vacilaciones, que exigía dinero a cambio de «protección». La advertencia era clara: pagar o enfrentar las consecuencias. No eran simples amenazas, sino un mecanismo de control criminal, donde la víctima se veía atrapada en un círculo de terror.
Los montos de estas cuotas extorsivas exigidos variaban, desde cientos de miles hasta varios millones de pesos, dependiendo del «perfil» de la victima. La presión psicológica era asfixiante: el extorsionista conocía nombres, direcciones, rutinas familiares. En algunos casos, enviaba fotos de los locales o viviendas de sus víctimas, evidenciando que la vigilancia era real.
Un golpe en el marco del Plan Ayacucho
En un operativo conjunto del Gaula Militar de Boyacá y Caquetá con el CTI, y dentro de la estrategia de seguridad del Plan Ayacucho, se logró la captura del presunto extorsionista en Florencia, Caquetá. La investigación sugiere que no actuaba solo, sino que podría hacer parte de una red delictiva dedicada a la extorsión agravada, un flagelo que desestabiliza la economía, genera zozobra y erosiona la confianza en la seguridad del Estado.
El Plan Ayacucho, puesto en marcha por el Gobierno Nacional, busca frenar el avance de estas estructuras criminales mediante operaciones estratégicas, inteligencia militar y trabajo articulado entre fuerzas del orden. La captura de este hombre es un reflejo de ese esfuerzo, aunque las autoridades advierten que la extorsión sigue latente y que muchos de estos delincuentes aún operan en las sombras.
Tras su detención, fue puesto a disposición del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja y posteriormente trasladado a la cárcel Las Heliconias, un penal de alta seguridad en Florencia.
La extorsión en cifras: una epidemia en aumento
Si la extorsión era un problema, ahora es una crisis desbordada. Entre enero y noviembre de 2024, se registraron 11.931 casos en Colombia, un aumento del 21% respecto al mismo periodo de 2023, cuando hubo 9.885 denuncias. Estas cifras, entregadas por el Consejo Gremial Nacional, reflejan la magnitud del problema: la extorsión está en auge, y Boyacá no es la excepción.
Cada vez más víctimas se ven obligadas a pagar estas «vacunas» para evitar represalias, pero este dinero no desaparece: financia otras actividades criminales, como tráfico de armas y drogas, fortaleciendo estructuras delincuenciales que siguen operando en la oscuridad. La extorsión no es solo una amenaza para individuos, sino un cáncer para la economía y la estabilidad social.
Las consecuencias legales: penas que enfrentaría
El Código Penal Colombiano, en su artículo 244, establece que el delito de extorsión se castiga con penas de 8 a 16 años de prisión, pero si se configura como extorsión agravada, la pena aumenta hasta 24 años, dependiendo de factores como el uso de armas, la violencia ejercida o el número de víctimas afectadas.
Si la investigación confirma que el capturado pertenece a una estructura criminal, podrían sumarse delitos como concierto para delinquir (artículo 340 del Código Penal), lo que incrementaría aún más su condena.
«Cada peso pagado a un extorsionista es un voto por la criminalidad. La única forma de romper el círculo es denunciar.»
Una lucha que aún no termina
Pese a la captura, la extorsión sigue siendo una pandemia silenciosa. Las autoridades instan a los ciudadanos que hayan sido victimas de este hombre a denunciar sin miedo, recordando que existen líneas como el 165 del Gaula de la Policía y 147 Gaula del Ejercito para brindar apoyo y protección. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿Cuántos más operan sin ser detectados?
- Si desea iniciar su proceso de denuncia por este u otro caso de extorsión podrá hacerlo mediante la Oficina Virtual de denuncias de la Policía.
