Nos parece una buena noticia el anuncio del Gobierno colombiano, sobre el manejo del Plan de Alimentación Escolar, PAE, a través de las Juntas de Acción Comunal del país, como operadoras principales. El propósito es buscar transparencia con los recursos que se asignan a este programa elemental. De acuerdo con analistas de la materia, hay realidades contradictorias en el programa, ya que aunque se dice que está desfinanciado, en realidad existe un fondo común a donde concurren hasta seis fuentes de financiación cuyos recursos anuales superan la cifra de $1,5 billones de pesos. Recurso para muchos suficientes para cumplir sobre todo el requisito de dar alimento de calidad a niños y adolescentes cubiertos en cada municipio.
Sobre el manejo que hasta ahora se le ha dado al PAE, el balance no es el mejor. Múltiples escándalos de corrupción, vergonzosas situaciones han empañado el loable propósito de este programa. Por eso es necesario que se hagan reformas de fondo para evitar que estos recursos acaben en los bolsillos de empresarios corruptos sin ética ni interés social sino exclusivamente financiero. Afortunadamente desde la campaña electoral, el actual ejecutivo propuso, entregar el manejo de los alimentos a las Asociaciones de Padres de Familia y a las Juntas de Acción Comunal, cuyos integrantes son los primeros interesados en que sus hijos reciban alimentos de calidad nutricional.
Entre ellas está “lograr que las asociaciones de padres de familia sean las que tengan la responsabilidad de los dineros, la compra de alimentos y su elaboración”, aseguró el actual mandatario de los colombianos en su momento. El PAE es una estrategia del Gobierno para contribuir en el acceso y permanencia escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del sistema educativo público, y se basa en la entrega de un complemento alimentario durante la jornada educativa. Se divide en media jornada, que da un aporte nutricional del 20 % de los nutrientes que requiere el estudiante en el día, y la jornada única, que aporta un 30 % de los nutrientes. Frente a la transparencia se han dado avances. Con la Ley 2195 del 22 de enero de 2022, “se establece que un contratista que recibe dos o más multas durante una misma vigencia, ya sea en la misma entidad o con otras, en contratos de alimentación escolar queda inhabilitado por 10 años”.
