El exsenador Carlos Roberto Ferro Solanilla enfrentará una acusación formal ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de concusión, luego de que surgieran denuncias sobre presuntas exigencias ilegales de parte de los salarios de un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Las investigaciones apuntan a que Ferro habría solicitado que un empleado de su equipo devolviera su salario a personas cercanas a él.
Denuncia clave y esquema de corrupción
La denuncia fue presentada por Roque Julio Díaz Pinzón, quien fue empleado en la UTL de Ferro. Díaz reveló que el acuerdo bajo el cual fue contratado implicaba que debía devolver la totalidad de su salario, a pesar de que el objetivo principal de su nombramiento era cumplir con las semanas necesarias para obtener su pensión. Según su testimonio, el salario debía ser transferido a cuentas bancarias de terceros, entre ellos Jaime Andrés Jaramillo, Luis Jaramillo y Diana Galeano.
Díaz aseguró que durante casi una década había mantenido silencio, pero decidió denunciar tras reunir pruebas contundentes que presentaron una imagen clara del esquema de corrupción. Indicó que esta práctica ilegal podría haber comenzado antes de su llegada a la UTL y que podría haber más empleados afectados bajo la misma modalidad.
Implicaciones judiciales
El delito de concusión, por el cual será acusado el exsenador Ferro, implica que un funcionario público exige, directa o indirectamente, pagos indebidos aprovechando su posición de poder. La Corte Suprema de Justicia continúa las investigaciones para determinar el alcance de este caso y si existen más implicados o víctimas.
Este caso no solo pone en entredicho la conducta de Ferro, sino que también señala la posibilidad de un esquema corrupto más amplio que podría haber involucrado a otros miembros de su equipo legislativo.
Reacciones y próximos pasos
Hasta el momento, Ferro no ha emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones. Por su parte, la Corte Suprema ha dejado claro que procederá con el proceso judicial para esclarecer los hechos y sancionar las conductas que atenten contra la moralidad pública y el buen manejo de los recursos del Estado.
La audiencia formal en la Corte Suprema de Justicia será clave para determinar el futuro judicial del exsenador, mientras se espera que más detalles salgan a la luz conforme avancen las investigaciones.