El empresario deberá pagar más de 4.700 millones de pesos y 76 meses de prisión.
El Juzgado 47 Penal del Circuito de Bogotá condenó a Emilio José Tapia Aldana tras aprobarse un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. En este acuerdo, Tapia aceptó su responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado en concurso heterogéneo con fraude procesal y peculado por apropiación agravado a favor propio y de terceros. Como consecuencia, deberá cumplir una pena de 76 meses de prisión, pagar una multa de $4.714.761.660 e inhabilitarse para ejercer funciones públicas durante 60,6 meses.
Historial
La sentencia se dio en el marco del escándalo de Centros Poblados, un proyecto del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) diseñado para llevar internet a zonas rurales del país. Durante la licitación pública FTIC-LP-038-2020, el contrato fue adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados, integrada por ICM Ingenieros SAS, Intec de la Costa SAS, Omega Buildings Constructora SAS y la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (Funtic, ahora Novotic). Sin embargo, Tapia y sus cómplices falsificaron documentos clave, incluyendo garantías bancarias, con el fin de acceder a la adjudicación del contrato por un valor de $1,07 billones.
Contratos
Según la investigación, las garantías bancarias falsas, presentadas el 28 de octubre de 2020, sirvieron para demostrar solvencia financiera ante el MinTIC. Entre ellas se encontraba una garantía bancaria de Itaú n.° 2020-1156-1001 por $70.243.279.599, que debía respaldar el anticipo del contrato, otra por $65.968.575.904 para garantizar el cumplimiento del contrato, y una más por $9.655.833.000 destinada al pago de salarios y prestaciones. Con estos documentos falsificados, Tapia logró inducir en error a los funcionarios del ministerio, asegurando la adjudicación del contrato y apropiándose ilegalmente de $5.063.623.890.
Devolución
Como parte del preacuerdo, Tapia se comprometió a devolver el dinero apropiado ilegalmente. Hasta el momento, ha entregado $2.532 millones a la Dirección Especializada Contra la Corrupción de la Fiscalía. El saldo restante, $2.531.623.890, será pagado en dos cuotas de $1.265.811.945 cada una, programadas para el 16 de abril y el 16 de octubre de 2025. Para garantizar el cumplimiento de estos pagos, Tapia y su codeudor solidario, Santiago Turbay Vallejo, firmaron dos pagarés y ofrecieron dos bienes inmuebles como respaldo: un predio en Girardot, avaluado en $1.128.733.000, y otro en Medellín, con un valor de $17.692.170.951. No obstante, el juzgado rechazó la inclusión del predio de Girardot debido a la falta de acreditación de su propiedad.
Además de la condena y los compromisos adquiridos en el preacuerdo, la Fiscalía continuará investigando la posible participación de otros actores en el escándalo de Centros Poblados. Según fuentes del proceso, se analiza la responsabilidad de funcionarios públicos y empresarios que pudieron haber facilitado la adjudicación irregular del contrato. La Procuraduría también evalúa sanciones disciplinarias contra exservidores del MinTIC que avalaron los documentos falsificados. Este caso, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en el sector tecnológico del país, sigue generando repercusiones en el ámbito judicial y político.
