La reciente imputación de cargos contra Ricardo Roa por tráfico de influencias ha encendido las alarmas sobre la transparencia y la gobernanza dentro del Grupo Ecopetrol. El ente acusador no solo señala un beneficio personal en la compra de un inmueble, sino una presunta «captura» de las decisiones de las filiales para favorecer intereses de un círculo cercano al presidente de la compañía.
Según la fiscalía, Roa habría desbordado sus facultades como máxima autoridad ejecutiva al interferir en procesos de adjudicación que corresponden a la autonomía de Hocol. La instrucción de beneficiar a Juan Guillermo Mancera con el proyecto de regasificación en La Guajira es vista por la justicia como un quebrantamiento de los deberes funcionales que protegen el patrimonio público y la libre competencia.
La investigación sugiere que la relación comercial previa entre Roa y Mancera, vinculada a la negociación del apartamento en el barrio El Chicó, creó un conflicto de interés insalvable. Al influir para que GAXI ESP S.A.S. se quedara con el contrato, Roa habría priorizado su beneficio económico personal —representado en un descuento masivo del 34% en su vivienda— sobre los intereses de la nación.
Este caso pone a prueba los controles internos de Ecopetrol y la firmeza de su junta directiva. Mientras el proceso judicial avanza, la confianza de los inversionistas y la opinión pública se ve afectada por el relato de una administración donde las órdenes se habrían impartido bajo cuerda y con fines particulares. La defensa de Roa tendrá ahora la tarea de desvirtuar las pruebas de una Fiscalía que asegura tener documentada paso a paso la manera en que se «torcieron» las decisiones en la empresa más importante de Colombia.
