El pasado 11 de junio, el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 639 de 2025, mediante el cual convoca a una consulta popular nacional para el próximo 7 de agosto. Esta consulta busca que los colombianos se pronuncien sobre una serie de reformas laborales orientadas a ampliar derechos y fortalecer la formalización del empleo. Sin embargo, la convocatoria ha generado un debate jurídico y político, debido a que el Senado había negado un concepto favorable para la realización de esta consulta.
Según la Constitución Política de Colombia, la convocatoria de consultas populares nacionales requiere, entre otros requisitos, el concepto previo y favorable del Senado de la República. En esta ocasión, el Senado no emitió dicho concepto, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la legalidad del decreto presidencial. Expertos en derecho constitucional advierten que la omisión de este paso podría afectar el principio de separación de poderes y la legitimidad del proceso.
Ante esta controversia, la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de organizar y garantizar la transparencia de los procesos electorales, deberá emitir un concepto definitivo sobre la viabilidad de la consulta. El registrador nacional, Hernán Penagos, ha anunciado que esta semana se pronunciará de fondo, tras analizar tanto el decreto presidencial como las observaciones del Senado y las inquietudes planteadas por distintos sectores de la sociedad.
Además, la Corte Constitucional ha sido llamada a intervenir en este asunto. El alto tribunal revisará la constitucionalidad del decreto presidencial y determinará si la convocatoria cumple con los requisitos legales establecidos. Esta revisión es fundamental para despejar las dudas jurídicas y garantizar que el proceso se ajuste a los parámetros constitucionales.
El contexto político en Colombia es especialmente sensible. La polarización entre el gobierno y la oposición ha aumentado en los últimos meses, y la convocatoria de esta consulta popular se ha convertido en un nuevo punto de tensión. Algunos sectores ven en el decreto una forma de avanzar en reformas sin el respaldo del Congreso, mientras que otros lo consideran un ejercicio legítimo de participación ciudadana.
Por otro lado, la opinión pública se encuentra dividida. Mientras un sector apoya la consulta como una vía para fortalecer derechos laborales, otro manifiesta preocupación por la posible vulneración de los procedimientos constitucionales y el impacto que esto podría tener en la estabilidad institucional.
La decisión que tome la Registraduría esta semana será determinante para el futuro inmediato de la consulta popular. Su pronunciamiento, junto con el eventual fallo de la Corte Constitucional, definirá si el proceso electoral podrá avanzar o si deberá ser suspendido hasta que se resuelvan las dudas legales.
“Estamos estudiando con juicio y rigor la información, el decreto y las demás comunicaciones que hemos recibido y, a inicio de esta semana, la Registraduría se pronunciará de fondo sobre el asunto. (…) Tenemos registradas unas 30 demandas ante el Consejo de Estado por nulidad simple”, indicó el registrador Hernán Penagos al respecto de la decisión que tiene en sus manos.
