El representante designado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Antonio Bustos Sánchez, ha generado controversia al oponerse a la entrega de la finca La América, incautada al ex paramilitar conocido como ‘Comandante Barbie’, al Fondo para las Víctimas, como establece la ley. Esta finca, valuada en 26.000 millones de pesos y ubicada en la zona de Chimichagua (Cesar), se encuentra en el centro de este conflicto.
Bustos Sánchez, quien inicialmente fue designado como depositario del predio, presentó una objeción ante la Sala de Justicia y Paz en Barranquilla, cambiando su postura y convirtiéndose en un oponente férreo a la entrega de la propiedad a las víctimas.
Aunque la Sala rechazó de inmediato esta objeción y ordenó investigar las motivaciones detrás de este movimiento, Bustos Sánchez continúa defendiendo la postura de la sociedad vinculada al ‘Comandante Barbie’. Esta sociedad, actualmente en proceso de extinción de dominio, ha sido objeto de cuestionamientos y dudas.
El hecho de que Bustos Sánchez haya defendido la legitimidad del patrimonio del ex paramilitar ha suscitado interrogantes adicionales, especialmente porque su función como representante designado por el estado debería priorizar los intereses de la justicia y las víctimas, no los de la sociedad intervenida.
Además, la presencia de Carlos Juan Olivella Pavajeau, hijo adoptivo del ex paramilitar, como suplente en la sociedad, agrega una capa de complejidad a esta situación. A pesar de ello, Bustos Sánchez ha negado conocer a Olivella y ha insistido en su deber de proteger los intereses de la sociedad que representa.
En cuanto a sus motivaciones para oponerse a la entrega de la finca a las víctimas, Bustos Sánchez argumenta que está cumpliendo con su responsabilidad de preservar los bienes de la sociedad. Sin embargo, esta postura contradice el papel transitorio que desempeña y que ha sido establecido por el estado.
A pesar de las interrogantes y las críticas, Bustos Sánchez ha evitado dar explicaciones detalladas sobre su defensa del patrimonio del ex paramilitar. Su negativa a reconocer la ilegalidad de este patrimonio plantea dudas sobre sus verdaderas motivaciones y su compromiso con la justicia y las víctimas del conflicto paramilitar.
