El concejal José Cuesta Novoa denunció graves irregularidades en la administración de recursos públicos en Bogotá, señalando que la corrupción sigue presente en las 20 localidades debido a la impunidad, el clientelismo y la falta de control sobre la contratación pública.
Según el cabildante, el problema radica en la falta de transparencia en la ejecución de los fondos de desarrollo local, donde se han identificado prácticas como la fragmentación de contratos, lo que impide un adecuado seguimiento y control ciudadano. Asimismo, señaló que el uso desmedido de contratos para formación y capacitación, sin impacto real, ha generado un fenómeno de «formatitis», donde se destinan millonarios recursos sin resultados concretos.
Contratos irregulares y fundaciones en la mira
Cuesta Novoa advirtió sobre la contratación de fundaciones cuestionadas en varias localidades de Bogotá, las cuales estarían involucradas en presuntos hechos de corrupción:
Fundesco: Vinculada a irregularidades en San Cristóbal, Sumapaz, Usme, Mártires, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Santa Fe y Rafael Uribe, con contratos por $3.663 millones.
Camino Verde: Relacionada con corrupción en Santa Fe y Kennedy, con contratos de hasta $900 millones.
Al Desarrollo: Señalada por anomalías en la contratación en Rafael Uribe, Fontibón, Usme, Mártires, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Puente Aranda y Sumapaz.
El concejal cuestionó que estos recursos no se están destinando a proyectos que realmente beneficien a la ciudadanía, sino que terminan favoreciendo redes de corrupción y clientelismo en las alcaldías locales.
Uno de los hechos más alarmantes denunciados por Cuesta Novoa es la contratación masiva de última hora. Según datos del SECOP II, entre el 1 y el 31 de diciembre de 2024, se adjudicaron contratos por $494.222 millones, muchos de ellos firmados en los últimos minutos del año, lo que levanta sospechas sobre su legalidad y transparencia.
En particular, en la Alcaldía de Kennedy, se identificaron contratos por $10.000 millones donde no se realizaron estudios previos adecuados. En estos casos, se utilizó un mismo estudio de mercado para tres contratos con objetos distintos, lo que podría constituir el delito de falsedad en documento público, según el Código Penal.
Otro punto clave señalado por el concejal fue la necesidad de modificar el Decreto 1421, en especial el artículo 84, que regula la elección de alcaldes locales. Aunque recientemente se incluyó la exigencia de que el 50% de los alcaldes sean mujeres, Cuesta Novoa sostiene que el mecanismo de selección sigue fomentando el clientelismo y favoreciendo intereses políticos sobre el bienestar ciudadano.
Ante esta situación, propuso una reforma estructural para cambiar la forma en que se eligen los mandatarios locales, garantizando transparencia y mayor participación ciudadana en el proceso.
Llamado a la administración distrital
Cuesta Novoa exigió que se tomen medidas urgentes para evitar que las alcaldías locales sigan siendo focos de corrupción. Hizo un llamado a la administración distrital para que implemente controles más estrictos en la contratación pública y garantice que los recursos se utilicen de manera eficiente en beneficio de la ciudadanía.
