Deuda del alumbrado público saldría más cara a Popayán

Eléctricas Medellín, el consorcio propiedad de William Vélez, finalmente logró quedarse de nuevo con este servicio en la capital caucana, por medio de una figura aparentemente novedosa. FOTO / Internet

La deuda de alumbrado público con la cual quedó Popayán una vez se liquidó el anterior contrato, podría subir al doble con la nueva figura que ya opera esta red de servicio en la capital caucana, dijo el experto en los temas eléctricos, Juan Francisco Salamanca.

A $63 mil millones

Según el análisis hecho por el profesional a la figura del contrato con la nueva operadora, la deuda actual, de $30 mil millones de pesos, va a quedar convertida, luego de 20 años que dura la concesión, en un monto de $63 mil millones de pesos. Un volumen que considera absurdo y sin sentido, teniendo en cuenta que se busca el beneficio de toda la ciudad.

Es una realidad que muy pocos conocen en Popayán, remarcó Salamanca, al advertir que el pago, en cuotas, de los $30 mil millones de pesos originales, acabará elevando la cantidad de dinero que el privado va a recibir. Con el agravante de que ese supuesto tercero en realidad no es tal, ya que hace parte del mismo propietario, Eléctricas Medellín, de propiedad del paisa William Vélez.

“Con los intereses ese dinero acabará costando $63 mil millones de pesos al cabo de los veinte años. Y es el usuario el que cavará pagando esos dineros a través del servicio”, acotó el líder político y empresarial de la Ciudad Blanca, Juan Francisco Salamanca.

El problema de esta denuncia, como lo confesó el propio Salamanca a este medio, es que ya el mal está hecho y el contrato del alumbrado público firmado. Algo que se hubiese podido frenar en su momento de haber actuado bajo norma en el momento preciso, antes de que se aprobara por parte del Concejo municipal y de la administración López Castrillón.

Salamanca señaló que además de esta anomalía, hay muchas otras, como el de entregar el manejo de las zonas azules de Popayán a la firma Ciudad Moderna, más el manejo de una red de internet y una prestación para el soporte de las cámaras de videovigilancia. Servicios que en algún momento pueden llegar a generar sobrecargos para la ciudadanía o para el ente municipal.