La Alcaldía de Popayán anunció con entusiasmo la firma de un convenio por $5.000 millones con el Ministerio del Interior para instalar modernos circuitos de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad. La administración lo vende como un paso decisivo para fortalecer la seguridad. Sin embargo, en la calle el ambiente es distinto: la ciudadanía no está convencida.
Habitantes de distintos barrios coinciden en que el problema supera la instalación de equipos tecnológicos. “La seguridad no es llenarse de cámaras y hacer inversiones solo por hacer. Hay que salir más a la calle y mirar el entorno”, expresó Andrés Sánchez, ciudadano que cuestiona la efectividad real de la medida. Su opinión refleja el sentir de muchos que aseguran que la inseguridad se combate con presencia institucional permanente y acciones contundentes, no únicamente con dispositivos electrónicos.
La percepción ciudadana apunta a temas que no se resuelven con lentes y monitoreo: incremento de habitantes de calle, consumo abierto de drogas como el bazuco, expansión del microtráfico, deterioro del espacio público y sensación de impunidad. “¿De qué sirven las cámaras si los delincuentes andan sin placa o con la placa levantada y, cuando los capturan, los sueltan al otro día?”, reclaman vecinos en redes sociales y reuniones comunitarias.
También hay cuestionamientos sobre la autoridad policial y la efectividad judicial. Algunos ciudadanos aseguran que las llamadas “ollas” y caletas son conocidas por las autoridades, pero no se intervienen con la contundencia esperada. El malestar crece porque, mientras se anuncian inversiones millonarias, la vida cotidiana en varios sectores sigue marcada por el miedo y el desorden.
El secretario de Gobierno, Felipe Acosta, insiste en que la estrategia hace parte de un plan integral. No obstante, el debate ya está abierto: ¿es esta una solución estructural o una apuesta mediática? En la ciudad Blanca, la ciudadanía exige resultados reales y no solo anuncios.
