La primera señal de alerta para la persona que presentó la denuncia fue la falta de exhibición de los títulos. Recientemente, agentes de la Policía de la Ciudad y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) de la Fiscalía allanaron un apartamento en el barrio de Monserrat, donde una mujer de 61 años había montado un consultorio y trataba a personas con problemas de adicciones sin estar habilitada para ejercer dichas profesiones.
La falsa profesional atendía en su apartamento, ubicado en Hipólito Yrigoyen al 700, en Monserrat. La investigación, dirigida por la fiscal penal, contravencional y de faltas Andrea Scanga, comenzó tras una denuncia de un familiar de una persona que recibía atención de la falsa psiquiatra. “La persona que presentó la denuncia empezó a sospechar porque su familiar no mejoraba, es más, desde que se atendía en ese consultorio, estaba peor de sus adicciones”, comentó un detective policial que participó en la investigación.
Para prolongar la terapia y “aumentar sus ingresos”, la sospechosa citaba a los familiares de sus “pacientes” y les decía que era necesario que participaran en las sesiones.
La primera señal de alerta para la persona que presentó la denuncia fue la falta de exhibición de los títulos. “Es común que los psicólogos y psiquiatras tengan colgados en la pared sus diplomas, pero esta mujer no los tenía. Cuando un familiar de un paciente le preguntó por la situación, la respuesta lo dejó más preocupado: ‘Me suspendieron la matrícula porque tuve un problema con un político’, fue la explicación que dio la sospechosa”, comentaron detectives policiales y judiciales.
Durante la investigación, detectives de la División Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad determinaron que la sospechosa usaba un sello con su nombre y apellido, pero con el número de matrícula de una psiquiatra que estaba suspendida. “Suponemos que la psiquiatra suspendida no tenía conocimiento de que la sospechosa utilizaba su número de matrícula”, añadieron las fuentes consultadas.
Una fuente judicial de alto rango afirmó que se pudo establecer que, al menos desde marzo de 2023, la sospechosa “atendía” en el apartamento donde había instalado su consultorio. La fiscal Scanga imputó a la sospechosa por el delito de ejercicio ilegal de la medicina, dispuso el secuestro de todos los elementos encontrados para profundizar la investigación y la clausura del consultorio.
En el apartamento de la sospechosa se incautaron tres teléfonos celulares, una tablet, un sello con un número de matrícula y varios cuadernos con registros de pacientes.
