Estudiantes de la Universidad del Tolima manifestaron que desde el pasado 7 de mayo la institución entraría en asamblea permanente tras hacerse pública la denuncia hacia la exesposa del rector y docente Inés Yohanna Pinzón por presunta violencia laboral. Ante dicha situación, los alumnos piden la renuncia del rector Omar Mejía Patiño.
Cabe destacar que el académico, a través de un comunicado, manifestó su disposición para colaborar con cualquier solicitud que provenga de los órganos de control. “Como profesor de derecho y abogado, creo firmemente en la administración de justicia, la equidad de género y el respeto pleno al debido proceso”, concluyó. A su vez, este recalcó que la Procuraduría es la que tiene las facultades para investigar el caso y no la universidad.
La docente y abogada Inés Yohanna Pinzón no solo denunció la presunta persecución y violencia que ha tenido que vivir, sino que también señaló ciertas irregularidades en la Unidad de Género de la universidad.
“El pasado 19 de febrero interpuse una denuncia ante la Unidad de Género por violencia laboral basada en el género contra el Rector y su equipo directivo. Los pormenores de la denuncia son reservados y he actuado conforme a ello, para no afectar el proceso, ni mi propia situación personal”, afirmó Pinzón a través de un comunicado.
De acuerdo con algunas personas que trabajaron con Inés, dichas denuncias corresponden a los últimos cinco años cuando ella dirigía el Consultorio Jurídico de la Universidad del Tolima, cargo del que para el mes de diciembre habría renunciado, según sus compañeros, debido al desgaste provocado por situaciones de violencia laboral. Los denunciantes aseguran que, tras la salida de la profesora Inés, la mayoría de sus colaboradores fueron retirados del Consultorio Jurídico de forma irregular.
Ante los presuntos ataques, Inés decidió presentar la denuncia a la Unidad de Género, la cual se declaró impedida para cumplir con su deber; por tal motivo decidió remitir su caso a la Procuraduría, decisión que se tomó tras un posible conflicto de interés, ya que el rector Omar Mejía no solo ejerce la máxima autoridad institucional, sino que también fue el responsable de la creación normativa de la Unidad de Género, lo que no lo exonera de que la universidad hubiera realizado las acciones preliminares como medida de protección.
Frente a estos hechos, el pasado 6 de mayo la Unidad de Género emitió un comunicado donde afirmaban que, con el objetivo de garantizar transparencia, el caso había sido remitido a la Procuraduría. Ahora bien, Constanza Vargas Sanmiguel es la Procuradora Regional, quien trabajó por varios años con el hoy rector de la universidad.
A pesar de todo, la Unidad ha señalado que ha prestado acompañamiento psicosocial a la docente; por su parte, el alma mater, en cabeza del rector, sostiene que ha actuado conforme a la normativa vigente. Ante dichas respuestas, la comunidad universitaria ha expresado su inconformidad, pues considera que esto refleja una clara muestra de la mala gestión institucional, y aunque Patiño afirma su total compromiso, lo cierto es que su gestión ha estado marcada por constantes escándalos, que incluyen despidos ilegales, concursos cuestionados y ahora violencia de género.
