De acuerdo con la Personería de Bogotá, se abrió indagación preliminar a Canal Capital por las presuntas irregularidades en el manejo de la contratación y la utilización de la infraestructura instalada.
Según el ente, las directivas del Canal realizaron un redireccionamiento estratégico del accionar de la entidad, sin un documento técnico que diera un verdadero soporte, lo que derivó en varias situaciones, entre ellas: la no suscripción de 117 contratos en los años 2019 y 2020, y que no se aprovechara totalmente la infraestructura de equipos que tiene la entidad.
Sandra García, personera delegada para la coordinación de Prevención y Control a la Función Pública, declaró que “según lo argumentó Canal Capital a partir de 2020, su visión y misión fue dejar de ser un centro dedicado a la preproducción, producción y posproducción de contenidos audiovisuales para pasar a convertirse en una empresa abierta a contratar los productos terminados que genere el sector privado. Encontramos que este viraje no se dio de manera gradual y esto nos genera una preocupación como guardianes de los recursos públicos”.
También se determinó que el canal está pagando cerca de $1.800 millones en indemnizaciones por demandas de personas que llevaban varios años vinculados por contratos de prestación de servicios, con prórrogas o renovaciones sucesivas. Algunos de estos contratistas demandaron a la entidad por la configuración de un contrato laboral, denominado jurídicamente contrato realidad.
Agregó que “dentro de la función preventiva nos preocupa esta situación y el viraje que dio el Canal Capital. Detectamos que se decidió no renovar muchos de los contratos de prestación de servicios, sin tener en cuenta el conocimiento y experiencia de estas personas. Tampoco se les dio una solución que brindara bienestar a los trabajadores y, sobre todo, que se evitara un detrimento patrimonial al Distrito por nuevas demandas laborales. Además, tiene previsto para el presente año reducir aún más este tipo contratación”.
Además, en el redireccionamiento del Canal no se contempló el uso de la infraestructura que tienen, según la Personería, pues la entidad invirtió en los últimos años importantes recursos en modernización tecnológica, destinada a producir contenidos, los cuales ahora pasarán a ser equipos y elementos sin utilizar.
De igual forma, se evidencia que no generó una arquitectura empresarial de transición y que el cambio abrupto en el modelo de negocio ocasiona la no renovación de manera masiva de los contratos de prestación de servicios, desencadenando en la no utilización de la capacidad instalada.
Además, se encontró que “en los anexos técnicos de los contratos, denominados tercerizados (del nuevo modelo), que pese a tener similar objeto contractual, en algunos se permite al contratista hacer uso del recurso tecnológico y acceso a las instalaciones del máster de producción del canal sin costo adicional, lo cual vulnera los principios de igualdad, imparcialidad y equidad en la contratación pública”.
También se hallaron presuntas irregularidades en el manejo de los recursos, al suscribir contratos bajo la modalidad de contratación directa por cuantías inferiores a 500 salarios mínimos. Estos luego son adicionados superando esos montos, omitiendo el proceso de convocatoria pública, entre otras denuncias.
