La Contraloría de Bogotá dio a conocer que, a instancias de la Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca y en conjunto con las contralorías de Soacha y Cundinamarca, se fortalecerá el ejercicio de control fiscal en aras de lograr una gestión pública más eficiente en el suministro y prestación de los servicios públicos domiciliarios en la ciudad-región.
De esta forma se busca poner en marcha los lineamientos de la Comisión Nacional de Moralización, encaminados a la efectiva coordinación y colaboración de los órganos de control en su lucha contra la corrupción.
Los miembros de la Comisión se unieron para crear un frente común que contrarreste el acceso ilícito o irregular a los servicios públicos domiciliarios en la capital y en los municipios de Cundinamarca, con miras a prevenir, investigar y sancionar el fraude cometido por algunos usuarios.
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Vanti y Enel-Codensa han registrado, en los últimos 3 años, millonarias pérdidas por acometidas ilícitas, alteración de medidas, defraudación, intervención de medidores, suplantaciones, negación de consumo y falta de pago, entre otros.
Según la Contraloría, rn el caso de la ETB, la empresa estima el fraude en $24.922 millones; en el servicio de energía, este se cuantifica en $16.766 millones; en el servicio de acueducto y alcantarillado, el costo de la defraudación de fluidos asciende a los $ 3.214 millones y en el servicio de gas domiciliario (Vanti), el valor del ilícito reportado llega a los $30.713 millones.
Se destacó que entre 2019 y 2021, estas empresas adelantaron 1.225 actuaciones judiciales por distintos casos de fraude.