El 30 de noviembre de 2025, el medio El Espectador reveló que archivos incautados en un operativo del 23 de julio de 2024 —cuando fue detenido, luego liberado, alias “Calarcá Córdoba” junto a su grupo armado del EMBF— contenían comunicaciones internas (correos, chats, documentos operativos) que apuntan a presuntos vínculos entre la disidencia y altos funcionarios del Estado: un general del Ejército y un agente de inteligencia.
Según esos documentos, los posibles contactos entre la disidencia y los funcionarios incluían planes para crear una empresa fachada de seguridad privada, mediante la cual los disidentes podrían movilizarse con vehículos blindados, portar armas legalmente y evadir controles militares con permisos oficiales.
Entre los señalados figuran Juan Miguel Huertas —actual jefe del Comando de Personal del Ejército— y Wilmar Mejía, funcionario alto de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Ambos han negado los señalamientos y denunciado un posible montaje, afirmando que nunca han sostenido reuniones ni contactos con la disidencia.
El escándalo ha sacudido la institucionalidad: la Fiscalía General de la Nación abrió líneas de investigación formales, mientras la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a los funcionarios implicados.
Las consecuencias se sienten también en el terreno político y del diálogo: la revelación pone en jaque la credibilidad del proceso de paz entre el Gobierno y el EMBF, cuestiona la supervisión institucional del aparato de seguridad e incrementa la desconfianza pública frente a la negociación con grupos armados.
