El gobierno de Estados Unidos expulsó al coronel Carlos Feria Buitrago, exjefe de seguridad del presidente Gustavo Petro y hasta hace poco agregado policial en la Embajada de Colombia en Washington, tras acusaciones de peculado, abuso de función pública y constreñimiento ilegal.
La medida, confirmada por el Departamento de Estado y celebrada por la congresista republicana María Elvira Salazar, responde a la presión ejercida desde el Congreso estadounidense para que Feria no obtuviera protección diplomática y enfrentara la justicia en Colombia.
Carlos Feria se desempeñó como jefe de la seguridad del presidente Gustavo Petro desde el inicio de su mandato. Su cercanía y confianza con el presidente lo convirtieron en una figura clave dentro del esquema de protección del mandatario, cargo que desempeñó hasta enero de 2025, cuando fue nombrado agregado policial en la embajada colombiana en Estados Unidos.
El detonante de su salida del círculo presidencial se debió al escándalo de la niñera Marelbys Meza, empleada de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete de Petro. Tras la denuncia de un robo de 30.000 dólares en la residencia de Sarabia, el equipo de seguridad bajo órdenes de Feria retuvo a Meza y la sometió a una prueba de polígrafo e interceptaciones presuntamente irregulares en la Casa de Nariño. Estos hechos derivaron en investigaciones penales por abuso de poder y privación ilegal de la libertad.
En el momento más agudo del escándalo, uno de los testigos clave de la investigación, el coronel Óscar Dávila murió en lo que en apariencia fue un suicidio, pero hace un mes trascendió que se investiga a por lo menos 10 funcionarios de Medicina Legal por presunta irregularidades en la investigación, lo que sembró un manto de duda en las circunstancias del fallecimiento.
Presión de representante Salazar
La representante María Elvira Salazar lideró la presión política en Washington para impedir que Feria se beneficiara de inmunidad diplomática. En una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, Salazar denunció que el nombramiento de Feria era un intento del presidente Petro de protegerlo de la justicia colombiana. Finalmente, la Casa Blanca estableció el 2 de julio como fecha límite para su salida del país.
La expulsión de Feria reactivó la exigencia de que la Fiscalía y la Procuraduría colombianas retomen las investigaciones por el caso de la niñera y otros presuntos abusos cometidos durante su gestión. El episodio también ha generado una crisis diplomática, pues sectores críticos consideran que el gobierno Petro intentó utilizar la diplomacia para blindar a un funcionario cuestionado judicialmente.
La salida forzada de Feria de Estados Unidos representa un revés para el Gobierno colombiano y deja en evidencia las tensiones entre la administración Petro y sectores políticos de EE. UU. El caso refuerza la percepción de falta de transparencia en el manejo de la seguridad presidencial y la gestión de escándalos internos, mientras la oposición exige mayor claridad y responsabilidad en la designación de altos funcionarios.