En una nueva jornada de audiencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los excomandantes de las extintas Farc, Fabián Ramírez y Joaquín Gómez, aceptaron su responsabilidad en una de las masacres más dolorosas en la historia reciente del Huila: el asesinato de nueve concejales del municipio de Rivera. Este crimen, perpetrado el 27 de febrero de 2006, hace parte del denominado Caso 10, en el que se investigan crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.
Confesiones
Además de reconocer su implicación directa en el crimen de Rivera, los exjefes insurgentes también se declararon responsables del atentado al Club El Nogal en Bogotá, ocurrido en febrero de 2003. En ese ataque, uno de los más cruentos de la historia reciente del país, murieron más de 30 personas y al menos un centenar resultaron heridas, dejando una cicatriz profunda en la memoria colectiva de Colombia.
Responsabilidad
Durante la audiencia, presidida por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, tanto Ramírez como Gómez —quienes pertenecieron al Bloque Sur de las Farc— también reconocieron su participación en la masacre de cinco concejales y un secretario del municipio de Puerto Rico, Caquetá. Este ataque se ejecutó en mayo de 2005, como parte de las acciones violentas que caracterizaron los años más crudos del conflicto.
Proceso
La JEP, en el marco de su misión de esclarecer los hechos más graves del conflicto, continuará citando a excombatientes y miembros de la fuerza pública involucrados en crímenes como desapariciones forzadas, secuestros, masacres y ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”. El objetivo es garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas, quienes por décadas han esperado respuestas.
Verdad
Este tipo de comparecencias buscan establecer responsabilidades individuales y colectivas, así como generar espacios de reconocimiento público, fundamentales para la construcción de una paz estable y duradera. Las víctimas, aunque aún enfrentan el dolor de las pérdidas, empiezan a recibir las explicaciones que el país les debía. El camino de la verdad es doloroso, pero necesario. Cada reconocimiento ante la JEP abre la posibilidad de cerrar heridas a través de la justicia transicional, y representa un paso más en la reconciliación nacional. Las víctimas de Rivera, Puerto Rico y otras regiones del país siguen esperando que los responsables asuman su culpa, no solo ante un tribunal, sino ante la historia
