Al contrato que firmó el municipio de Popayán por casi $10 mil millones de pesos con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para la actualización catastral le faltó control político, dijo el concejal del partido Todos Somos Colombia, Diego Armando Guevara Bravo.
Interrogantes
El vocero político preguntó por una acción de cumplimiento que se habría accionado en la vigencia anterior para hacer que el IGAC respondiera por la calidad de la información recopilada, aseverando que a la fecha no se sabe a ciencia cierta qué pasó con el mismo, dejando los resultados de incertidumbre que hoy actúan en contra de los propietarios de inmuebles.
En este sentido y a sabiendas de la situación, Guevara recomendó a las secretarías de hacienda y de Planeación trabajar muy juntas para evitar que los males de la actualización catastral se reflejen en la facturación predial que van a pagar los payaneses este año.
El corporado dijo que uno de los efectos perversos de dicha actualización catastral es que por la sobrevaloración de activos, mucha gente podría acabar hasta declarando renta cuando su verdad económica es que no poseen ingresos suficientes.
