La Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (Fevcol) radicó una solicitud formal y contundente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) exigiendo la expulsión inmediata de Kendry Téllez Álvarez, alias «Yako». El documento, firmado por el abogado Sergio Alzate en representación judicial de las víctimas, argumenta que el exguerrillero incurrió en un incumplimiento estructural y notorio del régimen de condicionalidad al reincidir en actividades delictivas de máxima gravedad. Fevcol sostiene que Téllez no solo se desvinculó materialmente del sistema transicional, sino que traicionó de manera directa el principio fundamental de no repetición al participar activamente en el plan para asesinar al exsenador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
La federación solicita que, como medida provisional y urgente, se suspendan todos los beneficios judiciales de «Yako» y se emita una orden de captura preventiva mientras se resuelve el incidente de incumplimiento. Según la misiva, permitir que un procesado de alto perfil, vinculado ahora a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, permanezca bajo el ala de la justicia transicional tras un magnicidio de esta magnitud, pondría en riesgo la credibilidad de todo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Para las víctimas, la conducta de Téllez evidencia una burla sistemática a los compromisos de verdad y reparación aceptados tras la firma del Acuerdo de Paz, utilizando el sistema como un escudo de impunidad para continuar delinquiendo.
El historial delictivo de «Yako» antes de este caso ya era extenso y severo, con condenas vigentes que suman más de 30 años de prisión por secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas. A pesar de estos antecedentes de alta peligrosidad, la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP le había concedido el beneficio de libertad condicionada tras su desmovilización del Frente 53 del Bloque Oriental de las extintas Farc. No obstante, las recientes revelaciones de la Fiscalía y testimonios judiciales sugieren que Téllez nunca abandonó la senda criminal, actuando como un puente estratégico entre las disidencias y estructuras delincuenciales urbanas contratadas en Bogotá.
La solicitud de Fevcol también pide que, una vez declarada la expulsión y la pérdida de beneficios, el caso de Téllez Álvarez sea remitido de inmediato a la justicia ordinaria para que enfrente las penas máximas por el magnicidio y sus delitos conexos. Las víctimas insisten en que la JEP debe actuar con celeridad para evitar que la jurisdicción especial sea percibida como un refugio para reincidentes de alto perfil. Con una recompensa vigente de hasta 500 millones de pesos por información que permita su captura, el cerco sobre alias «Yako» se cierra políticamente, mientras el país observa si la justicia transicional es capaz de aplicar sanciones rigurosas ante faltas que socavan las bases de la reconciliación nacional.
