La Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, anunció la apertura de un concurso público para proveer 4.000 cargos en la entidad, incluyendo 1.550 plazas de fiscales. Esta iniciativa busca poner fin a la provisionalidad y garantizar el ingreso por méritos, en cumplimiento de un fallo del Consejo de Estado.
La medida representa una de las reformas más significativas en la historia de la institución, tradicionalmente marcada por la designación discrecional de funcionarios. Sin embargo, el proceso enfrenta resistencia del sindicato y posibles trabas jurídicas, como ha ocurrido en intentos anteriores.
El concurso permitirá el ingreso de nuevos profesionales a la Fiscalía, ofreciendo plazas para fiscales delegados ante tribunales, jueces penales y municipales, además de asistentes y personal administrativo. La resolución de 85 páginas detalla el proceso y los requisitos para la selección.
“LA PROVISIONALIDAD SE ACABARÍA”
La exfiscal Viviane Morales explicó que, aunque en el pasado se han hecho intentos por realizar un concurso, solo el 40 % de los funcionarios han ingresado por carrera. Según Morales, el nombramiento provisional ha sido la norma en la entidad, pero si el proceso se lleva a cabo correctamente, limitará el poder discrecional del fiscal general y garantizará la independencia de quienes ingresen por mérito.
Esta convocatoria responde a un mandato de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que han exigido la formalización de los cargos mediante concursos de méritos. No obstante, el proceso podría generar controversias legales, especialmente en relación con los actuales funcionarios provisionales.
Si la iniciativa se concreta con éxito, marcaría un cambio estructural en la Fiscalía, fortaleciendo la estabilidad laboral y la independencia en la administración de justicia.
