En un posible delito de tráfico de influencias podría estar cayendo la gobernación del Cauca respecto a la licitación pública para cumplir con un programa de fortalecimiento a piñicultores en el norte del Cauca, luego del análisis de la denuncia interpuesta por la Red de Veedurías de Colombia.
De acuerdo con la Ley 1474 de 2011, el Estatuto anticorrupción, un funcionario comete delito de tráfico de influencias cuando utiliza indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o función “con el fin de obtener cualquier beneficio de parte del servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer”, dice la norma en sus artículos 33 y 134.
Único beneficiario
Según la denuncia de la Red de Veedurías de Colombia, en cabeza de Luis Alberto Arrieta Anaya, la situación con uno de los contratistas que serían beneficiados con el contrato para capacitar a los piñicultores del norte caucano, Ascolmicay, es un tanto delicada, ya que al parecer, quien funge como representante legal, Mary Estela Lugo, sería la esposa de Dagoberto Hurtado García.
Y Dagoberto Hurtado García sería a su vez la persona que le arrendó en Popayán una casa al hoy gobernador del Cauca, Elías Larrahindo Carabalí. Una situación que a la Veeduría le parece muy sospechosa y por ende el traslado que hizo de esta situación descubierta a los entes de control a fin de que tomen cartas en el asunto.
En su denuncia, parte publicada ya en una nota con el DIARIO DEL CAUCA, se indica que la licitación DC – SADR –LP-002-2022, involucra recursos por más de $46 mil millones de pesos y se hace notar que desde la gobernación se diseñaron criterios que finalmente han acabado favoreciendo a oferentes como Ascolmicay, ya que solo ellos, Ascolmicay, serían los únicos capaces de ceñirse a precisión con lo que pide la gobernación.
