Por Diego Jaramillo Salgado
Pareciera absurdo tener que movilizarse por la vida en un país supuestamente democrático. Pues lo acreditaría como tal justamente el derecho a vivir dignamente. También es inverosímil tener que optar por marchas, paros, para buscar atención del Estado a las demandas de la mayoría de miembros de la sociedad. Los canales propios de una institucionalidad fuerte y legítima serían los llamados a solucionar aquello desprendido de la insatisfacción popular. Como lo existente es débil y responde a intereses particulares, uno de los recursos de los pueblos y comunidades es romper la inercia acomodaticia de los gobernantes para presionarlos a responder a las exigencias de la base social que les otorga poder. Lo contrario, sería estar a expensas de los portavoces y actores de la muerte que siembran el desconcierto al dejar en el camino la vida de múltiples líderes y lideresas y personas del común. Las denuncias de organismos internacionales, organizaciones sociales, la Iglesia Católica, ONG, sobre el genocidio de pueblos indígenas, campesinos y negros, y el feminicidio, solo producen vagas declaraciones de los gobernantes, sin compromisos reales para superarlos.
Por ello la Minga Nacional, Social, Popular y Comunitaria convoca a sus bases sociales, y al pueblo en general, a movilizarse hacia Cali, el próximo diez de diciembre, día internacional de los Derechos Humanos. Una vez más, para llamar la atención sobre el desplazamiento forzado, las masacres y asesinatos incrementados diariamente en el departamento del Cauca y en otros lugares del país. Si los datos arrojan cifras de cerca de 60 reincorporados, 40 jóvenes y 61 indígenas asesinados en esta región, la situación se vuelve insostenible. Sobre todo para los habitantes de territorios en que campean los actores armados bajo la indiferencia o complicidad del gobierno. Por eso el lema central es por la defensa y el cuidado de la vida.
El solo anuncio de su realización movió a la reacción de sectores de ultraderecha conminando al gobierno nacional a prohibirla, y llamando a sus huestes a impedirla. Mucho harían si en vez de ello se unieran a la postura de la Iglesia Católica de condenar la falta de sintonía del gobierno con el clamor popular y a su llamado a que se resuelvan los problemas más acuciantes de la sociedad. La confluencia de esta marcha con la convocatoria a paro del Comando Nacional de Paro crea la expectativa de una acción fuerte, más no de una reedición de los bloqueos de paros anteriores con los temidos bloqueos a la movilidad.
