Enfrentamos una cruel realidad que nos estremece y exige una profunda reflexión como sociedad. La ola de violencia de género que azota a nuestro país ha alcanzado proporciones alarmantes, porque las cifras del 2023 y las primeras semanas del 2024 revelan una escalada de horror que no podemos ignorar.
El reciente asesinato de Diana Carolina Sena, en la Unión, Valle del Cauca y el espantoso destino de Isabella Mesa en Medellín, son testimonios espeluznantes de una problemática arraigada en nuestra sociedad. ¿Cómo es posible que, a pesar de los esfuerzos y denuncias previas, estas tragedias ocurran de manera tan inhumana y públicamente?
La impotencia de las familias afectadas se mezcla con la indignación de una ciudadanía que clama por justicia. No podemos permitirnos seguir siendo testigos impasibles de estos actos atroces. La violencia de género no es un problema aislado, sino una epidemia que requiere una atención urgente y decidida.
Las autoridades judiciales, en particular, deben replantearse sus estrategias de prevención y protección. Es inaceptable que el 90% de estos casos pudieran haberse evitado si las denuncias previas hubieran sido tratadas con la seriedad que merecen. Las medidas de alejamiento o caución son insuficientes cuando los victimarios no son abordados en su raíz: problemas psicológicos y patrones de comportamiento violento.
Es fundamental que se establezcan mecanismos efectivos para abordar las denuncias y al mismo tiempo, proporcionar ayuda adecuada a aquellos que presentan riesgo. La prevención debe ser una prioridad, y esto implica no solo sanciones, sino también intervenciones que aborden las causas profundas de la violencia.
El caso de Narly Gómez, desaparecida desde hace cuatro años, resalta la necesidad de una investigación constante y rigurosa. Las especulaciones sobre la participación del padre en su desaparición no deben eclipsar la responsabilidad de las autoridades de buscar respuestas y justicia de manera incansable.
La sociedad en su conjunto debe ser parte activa de la solución. Educar sobre la igualdad de género, fomentar el respeto mutuo y denunciar cualquier forma de violencia son pasos esenciales. No podemos permitirnos ser cómplices silenciosos de esta tragedia que afecta a nuestras madres, hermanas, hijas y amigas.
La violencia de género no puede ser tolerada ni normalizada. Exigimos respuestas efectivas, acciones concretas y un compromiso real por parte de nuestras autoridades para erradicar esta epidemia silenciosa que deja a las familias de luto y a la sociedad herida en su esencia.