Este 11 de abril se cumple un año desde que Bogotá empezó a vivir con cortes programados de agua debido a la reducción crítica en los niveles del sistema Chingaza, fuente principal del recurso para más de 8 millones de personas en la capital y municipios cercanos. Lo que comenzó como una medida de contingencia se ha convertido en una situación sostenida que, según denuncias del concejal José Cuesta, ha puesto en evidencia una profunda desigualdad en la gestión del agua en la ciudad.
En respuesta a lo que considera un fracaso en la política pública de manejo hídrico, Cuesta ha convocado un nuevo cacerolazo en la Plaza de Bolívar este viernes, a las 11:00 a.m. El concejal asegura que la ciudadanía ha sido disciplinada frente a las restricciones, pero que mientras algunas zonas cumplen con el corte cada nueve días, otras, como Ciudad Bolívar, han llegado a tener hasta 96 horas seguidas sin suministro.
Según Cuesta, esta disparidad no solo refleja un problema de gestión técnica, sino una falta de voluntad política para proteger a las comunidades más vulnerables. En contraste, señala que grandes industrias y constructoras siguen teniendo acceso a agua sin mayores controles. “Lo que estamos viendo es la consolidación de una inequidad hídrica. No todos están cargando con el mismo peso de la crisis”, afirmó.
Uno de los puntos más críticos denunciados por Cuesta es la supuesta venta ilegal de agua extraída desde hidrantes públicos hacia empresas constructoras. “Hay un verdadero bazar del agua, donde carrotanques la comercializan como si fuera un bien privado. Esto es inaceptable”, advirtió, al tiempo que exigió controles más estrictos por parte del Distrito.
Frente a este panorama, el concejal ha propuesto una transformación estructural de la política hídrica en Bogotá, que incluye frenar la expansión urbana sobre la sábana y promover el aprovechamiento de aguas lluvias para usos domésticos. También promueve la creación de una Constituyente por el Agua que abra el debate ciudadano y regional sobre el derecho al acceso equitativo y sostenible a este recurso vital.
El cacerolazo de este viernes se presenta no solo como una manifestación de inconformidad, sino como una oportunidad para que la ciudadanía reclame su derecho al agua y se pronuncie frente a una gestión que, tras un año de restricciones, sigue generando más preguntas que soluciones.